Ciudad de México; 25 de enero de 2026.– Las denuncias por delitos federales relacionados con el robo de hidrocarburos aumentaron 41 por ciento en 2025 respecto al año anterior, al pasar de 6 mil 715 a 9 mil 467 carpetas de investigación, de acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Hidalgo volvió a posicionarse como el epicentro nacional del huachicol, al registrar un incremento de 560 a mil 653 denuncias. En la entidad, el robo de combustible ya no sólo opera como actividad ilegal aislada, sino como un mercado consolidado y un foco de disputa entre grupos criminales con control territorial y arraigo comunitario.
En Baja California, las carpetas de investigación se triplicaron, al pasar de 170 a 529, con aseguramientos relevantes en las rutas Tijuana–Tecate–Ensenada, vinculadas a la logística criminal del noroeste del país.
Puebla también reportó un repunte significativo, de 906 a mil 203 denuncias, en sintonía con la reconfiguración del llamado Triángulo Rojo, donde bandas locales combinan la ordeña, el resguardo y la distribución del combustible robado.
El fenómeno se ha extendido a corredores estratégicos del país. El Estado de México pasó de 798 a mil 67 denuncias, mientras que Querétaro registró un aumento de 250 a 455, aprovechando la carretera 57, así como patios y bodegas utilizados para ocultar y redistribuir hidrocarburos.
Jalisco también mostró un incremento, de 324 a 447 denuncias, y entidades como Tabasco, Chihuahua, Tlaxcala y Oaxaca reportaron repuntes vinculados al transporte, almacenamiento y cruce del combustible ilegal.
Las investigaciones advierten que el delito ya no se limita a la ordeña de ductos de Pemex, sino que ha evolucionado hacia esquemas de contrabando, evasión fiscal y uso de empresas fachada, práctica conocida como “huachicol fiscal”.
Actualmente, el centro de gravedad del negocio ilegal ya no está únicamente en la toma clandestina, sino en las aduanas, la facturación y la logística.
Desde 2019, autoridades federales detectaron supuestas importaciones de combustible por vía marítima, un esquema que volvió a quedar al descubierto a finales de marzo con el aseguramiento de 18 millones de litros de hidrocarburo ilegal en puertos de Tamaulipas y Baja California.
En ambos casos apareció la empresa Mefra Fletes, con operaciones en Nuevo León y Jalisco, así como su presunta relación con Impulsora de Productos Sustentables (IPS) y una red de al menos 15 empresas factureras, presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, según las indagatorias.
