Redacción / Agencia Reforma
Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la adquisición de nuevas camionetas para uso de los ministros, al argumentar que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios de seguridad, lo que comprometía su operación.
A través de un comunicado, el máximo tribunal explicó que la renovación del parque vehicular se realizó con base en la normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece que, por motivos de seguridad y por el tipo de funciones que desempeñan los ministros, los vehículos deben renovarse cada cuatro años o antes.
En redes sociales circularon imágenes de camionetas Gran Cherokee, último modelo, cuyo precio oscila entre 1 millón 70 mil y 1 millón 780 mil pesos, dependiendo de los aditamentos. A ello se suma el costo del blindaje, que puede alcanzar hasta 2 millones de pesos por unidad, de acuerdo con estimaciones del sector.
La SCJN sostuvo que la compra no representó un gasto extraordinario, ya que se realizó de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el objetivo de evitar un incremento presupuestal.
Para el ejercicio fiscal 2026, el Congreso de la Unión aprobó a la Suprema Corte un presupuesto de 5 mil 869 millones de pesos, lo que representa un aumento del 8.1 por ciento respecto al año anterior. No obstante, tras observaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el tribunal aseguró que dicho monto será ajustado a la baja.
De acuerdo con el Anexo 23 del Presupuesto de Egresos, los ministros de la SCJN perciben un salario neto mensual de 137 mil 582 pesos, cifra que supera en 3 mil 292 pesos el ingreso neto mensual de la presidenta de la República.
El uso de recursos en la Suprema Corte fue objeto de críticas recurrentes durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló en diversas ocasiones el gasto en sueldos, vehículos y prestaciones, y promovió la reforma judicial bajo el argumento de reducir privilegios y permitir la elección de ministros por voto popular.
La nueva integración de la Suprema Corte tomó protesta el 1 de septiembre, en medio del debate nacional sobre austeridad, reforma judicial y uso de recursos públicos.
