Javier Domínguez
18 de enero de 2026
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.— Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de niñas de 10 a 14 años que resultan embarazadas como consecuencia de violencia sexual, al registrar 757 nacimientos durante 2025, de acuerdo con los datos más recientes de la Estadística de Nacimientos Registrados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Ante esta cifra, organizaciones civiles y activistas advirtieron que, pese a la gravedad del problema, muchas menores no reciben información ni acceso real a la interrupción legal del embarazo, aun cuando la Norma Oficial Mexicana NOM-046 establece criterios claros de prevención, detección, atención médica y orientación para víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a servicios de salud y a la interrupción del embarazo cuando este es producto de una violación.
“Seguimos normalizando que menores de edad queden embarazadas y que lleven a término estos embarazos, a pesar de que ponen en riesgo su vida”, expresó Alejandra Muñoz, integrante de la Red Aborta Libre Chiapas.
Activistas señalaron que estos casos no se limitan a zonas rurales ni a la región Altos, sino que también se presentan en ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, donde se han documentado niñas que incluso con 11 años han dado a luz sin acompañamiento adecuado y sin ser informadas sobre sus derechos ni las opciones legales ante un embarazo forzado.
Un caso reciente ocurrido en San Cristóbal de las Casas evidenció las fallas institucionales: una menor de 13 años dio a luz en el Hospital de las Culturas, luego de que —de acuerdo con especialistas— autoridades de salud no aplicaran la NOM-046 en ninguna de las tres instancias médicas a las que acudió, incluido el Hospital de la Mujer.
“Se le debió haber ofrecido la interrupción del embarazo, a pesar de que ya era un embarazo avanzado, pues se trataba de un embarazo de alto riesgo. El sistema falló en cada punto”, denunciaron defensores de derechos humanos.
La NOM-046 obliga al personal médico a brindar atención integral y confidencial a víctimas de violencia sexual, además de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo por violación sin exigir denuncia penal previa. No obstante, activistas denunciaron que su aplicación en Chiapas continúa siendo irregular, lo que mantiene en condiciones de vulnerabilidad a cientos de niñas cada año.
