Javier Domínguez
26 de diciembre de 2025 | Veracruz
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que en su administración “la ley se aplica para todos por igual”, luego de la detención del periodista Rafael “Lafita” León Segovia, hecho que generó una fuerte polémica nacional por la inclusión del delito de terrorismo en la imputación inicial.
Tras las críticas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y del gremio periodístico, la Fiscalía General del Estado (FGE) eliminó el término terrorismo de un comunicado oficial relacionado con el caso, en el que originalmente se señalaba al comunicador por los delitos de encubrimiento por favorecimiento, terrorismo y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Nahle García señaló que solicitaría a la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, un posicionamiento público claro sobre la detención, aunque subrayó que no se trata de una acción arbitraria.
“No se detiene a una persona nada más porque sí. Para la ley todos somos iguales, ya sean periodistas o carpinteros”, afirmó.
La mandataria rechazó que su gobierno esté coartando la libertad de expresión y sostuvo que en Veracruz existe apertura para el ejercicio periodístico.
“Esto no va contra la libertad de expresión. Aquí no se le corta la libertad a nadie”, expresó, aunque también lanzó críticas al trabajo de algunos comunicadores, señalando que el respeto “es de ida y vuelta”.
El periodista Rafael “Lafita” León, con más de una década de trayectoria en la cobertura de la fuente policiaca, fue detenido la mañana del 24 de diciembre por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la colonia Benito Juárez de Coatzacoalcos. Es director del portal Lafita León Noticias, uno de los más consultados en el sur de Veracruz.
Su situación jurídica se definirá el próximo martes 30 de diciembre, cuando se lleve a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la que un juez determinará si es vinculado o no a proceso.
El mismo día de la detención, la organización Artículo 19 condenó el hecho y exigió al gobierno estatal respetar el debido proceso, además de abstenerse de emitir información que criminalice la labor periodística. También demandó a la Comisión Estatal de Atención y Protección para Periodistas (CEAPP) que otorgue medidas de protección al comunicador, ante señalamientos de omisión y falta de autonomía frente al Poder Ejecutivo.
El caso ha reavivado el debate nacional sobre los límites del uso del derecho penal contra periodistas y el riesgo que ello representa para la libertad de expresión en el país.
