Javier Domínguez
26 de diciembre de 2025 | Tuxtla Gutiérrez
Luego de que el Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que sustituye el antiguo modelo de mejora regulatoria por una política de simplificación administrativa y digitalización obligatoria, Chiapas inicia un cambio estructural en la gestión pública estatal y municipal.
La diputada María Mandiola Totoricagüena, presidenta de la Comisión de Hacienda, explicó que esta reforma va más allá de una actualización normativa, ya que plantea una transformación profunda de los procesos gubernamentales, orientada a reducir requisitos, eliminar trámites innecesarios y acelerar la prestación de servicios tanto para la ciudadanía como para el sector productivo.
“Buscamos acabar con la burocracia excesiva. La meta es implementar ventanillas únicas digitales, expedientes electrónicos y procesos más ágiles y cercanos a la gente”, afirmó la legisladora.
La enmienda constitucional, alineada con la estrategia federal de gobierno digital, establece la adopción de expedientes digitales únicos, el uso de firma electrónica avanzada y la unificación de ventanillas digitales, además de la reducción de requisitos repetitivos entre dependencias y la agilización de los trámites internos del gobierno.
Mandiola Totoricagüena subrayó que la digitalización no solo permitirá un gobierno más eficiente, sino que también se convierte en una herramienta clave para combatir la corrupción, al disminuir el contacto discrecional entre servidores públicos y ciudadanos.
La reforma obliga a los estados y municipios a implementar estos estándares de manera gradual. Para garantizar el acceso en regiones con baja conectividad, se contempla la instalación de kioscos digitales en distintos municipios, a fin de que la población pueda realizar trámites sin necesidad de desplazarse largas distancias.
Asimismo, la diputada explicó que esta modificación constitucional se vincula con la próxima actualización de la Ley de Desarrollo Económico, cuyo objetivo es crear ventanillas únicas para inversionistas a nivel estatal y municipal.
Actualmente, señaló, trámites como los permisos de construcción pueden tardar hasta dos años, lo que desalienta la inversión y frena el desarrollo económico. Con esta reforma, se busca ofrecer procesos claros, rápidos y transparentes que otorguen certeza jurídica a las empresas.
La Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Secretaría de Economía, será la encargada de conducir esta política pública como parte de la estrategia estatal de gobierno digital.
Finalmente, Mandiola Totoricagüena destacó que, al quedar plasmada en la Constitución, esta política trasciende los cambios de gobierno, garantizando continuidad institucional. “La simplificación y la digitalización serán permanentes y seguirán evolucionando con el tiempo”, concluyó.
