Tapachula, Chis., 09 DIC.-La designación de Neftalí Armando Del Toro Guzmán, exalcalde priista ampliamente señalado por presuntos actos de corrupción, como presidente del Colegio de Notarios de la Costa de Chiapas para el periodo 2026–2027, desató una ola de indignación y sorpresa entre habitantes de la región, quienes consideran la decisión como una provocación y un insulto a la fe pública.
Del Toro Guzmán —actual titular de la Notaría 119— arrastra un legado que muchos en Tapachula aún describen como uno de los capítulos más oscuros en la vida municipal reciente. Durante su administración 2015–2018, ciudadanos recuerdan un marcado deterioro en la seguridad, el crecimiento descontrolado del ambulantaje, la falta de obras y un uso cuestionado de los recursos públicos. Para varios sectores sociales, su paso por la alcaldía dejó profundas heridas en la confianza pública.
La indignación crece aún más por los vínculos políticos y personales que rodean al exalcalde. Del Toro es cuñado del actual presidente municipal de Tuxtla Chico, Julio Gamboa, mencionado en investigaciones federales por supuestos nexos con grupos criminales en la zona fronteriza. Además, es compadre del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, actualmente vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para muchos tapachultecos, su nombramiento erosiona la credibilidad de una institución que debería representar transparencia, honor y legalidad.
“Esto es como poner a Drácula a dirigir el banco de sangre”, expresaron vecinos molestos, quienes consideran que el Colegio de Notarios envía un mensaje devastador al elegir a un personaje tan polémico para encabezar la fe pública en la región.
Organizaciones civiles, abogados y ciudadanos coinciden en que la designación deja un sabor amargo y proyecta un grave retroceso institucional. Más que fortalecer al gremio notarial, aseguran, lo hunde en un terreno de desconfianza y suspicacia.
Mientras tanto, el Colegio de Notarios guarda silencio ante la polémica, mientras la ciudadanía cuestiona cómo un personaje rodeado de señalamientos pudo ser elegido para representar a la institución que, en teoría, debe salvaguardar la legalidad y la ética en la Costa de Chiapas.
El debate continúa ardiendo: ¿se trata de un nombramiento legal pero moralmente insostenible? Para muchos, la respuesta es evidente. Para otros, la pregunta más inquietante es cómo —y por qué— se permitió.
