Ciudad de México, 5 de diciembre.— La Misión Civil de Observación sobre impactos del Tren Maya documentó que los tramos 5, 6 y 7 del megaproyecto ferroviario han generado afectaciones ambientales irreversibles, violaciones a derechos humanos y un incremento significativo de la violencia criminal e institucional en la Península de Yucatán.
El informe, elaborado por organizaciones ambientales, comunitarias y de derechos humanos, señala que la construcción del proyecto ha extendido las disputas delictivas hacia municipios que antes mantenían índices delictivos bajos, como Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco. Las confrontaciones, antes concentradas en Cancún y Playa del Carmen, ahora alcanzan territorios rurales donde la presencia militar ha generado mayor percepción de inseguridad e impunidad.
La misión fue integrada por organizaciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Cenotes Urbanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Greenpeace México, y centros de derechos humanos como Frayba y Kanan, entre otras. También participaron académicos de la UAM e investigadoras del INAH, además de observadores de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En materia ambiental, el informe ratifica los señalamientos del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que responsabilizó al Estado mexicano por la degradación ecológica, la destrucción de la selva y los daños al territorio maya. Se documentó la deforestación de más de 11 mil hectáreas, la fragmentación de ecosistemas, la perforación de cenotes y cavernas, la alteración de humedales y la contaminación del acuífero. Hasta el momento, no existen acciones de mitigación.
Las organizaciones atribuyen estos daños a la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional en la construcción, así como a omisiones de Profepa y Semarnat. Recuerdan que la Península de Yucatán forma parte de la Selva Maya, uno de los macizos forestales tropicales más importantes de América Latina y hogar de corredores biológicos de alto valor.
El proyecto también ha detonando un boom inmobiliario que ha multiplicado la especulación y la urbanización irregular, especialmente en el corredor entre Playa del Carmen y Tulum, donde se contabilizan más de 600 desarrollos inmobiliarios sin permisos ambientales. La presencia del Tren Maya y del aeropuerto de Tulum, advierte la Misión, impulsó incrementos de hasta 400 por ciento en el valor de la tierra.
En lo social, el informe documenta afectaciones a la propiedad privada y a actividades rurales derivadas de la presencia militar, incluyendo intrusión en parcelas, ruptura de cercos, depósito de escombros y extracción masiva de agua de pozos comunitarios. En Calakmul, habitantes denunciaron que el personal militar secó aljibes y jagüeyes sin consulta previa.
La Misión Civil de Observación concluye que los impactos ambientales, sociales y territoriales en los tramos evaluados son graves, estructurales e irreversibles, y que el proyecto continúa avanzando sin que exista control institucional ni medidas para reparar los daños causados.
