Una protesta que revela un conflicto más profundo
El bloqueo realizado esta mañana por integrantes del Sindicato de Taxistas Fidel Velázquez en la Avenida Central volvió a exponer un problema que Tuxtla Gutiérrez arrastra desde hace años: la incapacidad del Estado para regular de manera efectiva el transporte público y privado. La protesta no surgió de la nada; es el síntoma de un sistema que funciona a medias, donde la autoridad promete orden pero permite que reine la competencia desleal.
Los taxistas alegan que más de 18 mil vehículos irregulares circulan actualmente en la capital chiapaneca. La cifra, aunque difícil de verificar con exactitud, refleja una percepción extendida entre el gremio: sienten que compiten en desventaja frente a plataformas que operan sin cumplir los mismos requisitos, sin los mismos costos y sin el mismo nivel de supervisión. La molestia no es únicamente económica, sino también simbólica: la idea de que la ley se aplica para unos y se relaja para otros.
Sin embargo, los bloqueos masivos tampoco son solución. Paralizan la vida de la ciudad, afectan a miles de trabajadores y estudiantes, y generan un clima de irritación social que termina diluyendo la legitimidad de la protesta. La ciudadanía, atrapada en el tráfico, no distingue entre exigencias justas o excesos: solo siente el impacto directo de una ciudad que se vuelve intransitable.
Lo que esta protesta evidencia es la urgencia de una política integral de movilidad que vaya más allá de los parches momentáneos. Chiapas necesita un modelo en el que la autoridad regule con rigor, sancione a quien deba sancionar y, al mismo tiempo, ordene el crecimiento de plataformas que llegaron para quedarse. Pretender desaparecerlas o ignorarlas sería tan irreal como permitir que todo funcione en la anarquía.
El reto, entonces, no es elegir entre taxistas y aplicaciones, sino construir un sistema donde ambos puedan operar dentro de la legalidad, donde los concesionados no sean desplazados y donde los usuarios tengan opciones seguras y confiables.
Mientras eso no ocurra, Tuxtla seguirá atrapada entre bloqueos, acusaciones y caos vial. Y, como siempre, la ciudadanía será quien pague el costo.
