En la Mira, por Héctor Estrada ·
Lo que comenzó con la promesa de escrituración gratuita para 61 familias de escasos recursos de la colonia El Castaño, municipio de Huixtla, Chiapas, ha terminado con duros señalamientos contra autoridades municipales y federales por el repentino cobro de cuotas de ocho mil pesos por vivienda que, advierten beneficiarios, podría tener de fondo un negocio irregular dentro del proceso.
Luego de años solicitando la intervención de los tres niveles de gobierno para regularizar sus predios, fue el pasado 5 de septiembre cuando, finalmente, el ayuntamiento de Huixtla, a cargo del presidente municipal Regulo Palomeque Sánchez, firmó un contrato con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) para la regularización de los predios habitados en El Castaño.
Según consta en comunicados oficiales, la firma del contrato se estableció bajo la modalidad de “Mandato a Título Gratuito”, cuyo instrumento jurídico está precisado en el Programa para la Regularización de Asentamiento Humanos (PRAH) y faculta al INSUS para realizar la regularización de la tenencia de la tierra, asumiendo los costos del procedimiento.
Así lo señaló el propio alcalde, Regulo Palomeque, quien, según las familias beneficiarias, aseguró en el mes de septiembre que el proceso sería totalmente gratuito como parte del programa que la federación realiza con los municipios del país. Sin embargo, en cuestión de un par de meses los argumentos cambiaron.
El nuevo argumento llegó hace sólo un par de semanas cuando, de manera inesperada, funcionarios involucrados en el proceso se presentaron para informar a las familias que finalmente el trámite para regularizar sus viviendas sí tendría un costo de 8 mil pesos por predio, pues de lo contrario no se podría realizar el procedimiento.
La inconformidad entre las familias involucradas ha puesto en la mira no sólo al presidente municipal, sino también al enlace del el Instituto Nacional del Suelo Sustentable en Chiapas, Juan Ernesto Sánchez García, quien ha guardado silencio ante la situación y descontento de los habitantes en El Castaño.
Y es que, al final de cuentas todo apunta a que el proceso de regularización general finalmente no pondrá consumarse, pues hasta la fecha sólo ocho de las 61 familias han confirmado poder pagar las cuotas, dejando al resto de los habitantes un plazo límite fijado para el próximo 20 de diciembre a fin de sumarse al controversial programa federal, cuya modalidad de “Mandato a Título Gratuito” ha resultado engañoso.
Al final de cuentas, aseguran las familias involucradas, en torno al caso de Huixtla, Chiapas, no ha habido claridad ni certeza. Pese a las reuniones con autoridades municipales y federales no ha habido comunicados ni documentos que oficialicen la decisión de los repentinos cobros, por lo que, temen, pueda tratarse de “un negocio irregular” entre funcionarios y notarios locales.
El caso, advierten familias afectadas, podría ser sólo uno de los tantos que están ocurriendo en otras partes del país donde el programa de regularización, a cargo de INSUS, estaría resultando inoperante ante la falsa gratuidad para familias de escasos recursos o, en el peor de los casos, podría estarse prestando a prácticas anómalas dentro de los procesos locales… así las cosas.
