En la Mira, por Héctor Estrada ·
Con las manos de funcionarios metidas en el proceso e irregularidades de origen, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas y su última lideresa, Claudia Ulloa Zenteno, se encuentran inmersos en un nuevo escándalo de ilegalidades, corrupción y tráfico de influencias que, aseguran, buscan consumar una nueva imposición dentro del relevo sindical.
El caso ha sido denunciado ya por diferentes sectores del gremio, y no es para manos. Y es que, la primera gran irregularidad tiene que ver con la publicación de la convocatoria misma.
Luego de un periodo plagado de denuncias por omisiones, presuntos desfalcos financieros e incumplimientos, Ulloa Zenteno terminó su periodo legal de funciones el pasado 2 octubre, después de que un juez le negara extender su periodo como secretaria general del sindicato.
Ulloa llegó a la dirigencia en 2019 mediante un proceso que, algunos aseguraron, fue promovido y orquestado por el entonces secretario general de gobierno Ismael Brito Mazariegos. Su periodo se caracterizó por un evidente servilismo al ex gobernador Rutilio Escandón así como acusaciones de inoperatividad y malos manejos a fondos sindicales, especialmente de jubilados.
Sin embargo, la mayor inconformidad se desató luego de que, mediante asambleas amañadas, Claudia realizara la modificación de los estatutos para poder prolongarse en el cargo por seis años más. Pero las impugnaciones no se hicieron esperar.
Así, finalmente el 19 de mayo pasado el Juzgado Tercero Especializado en Materia Burocrática determinó la improcedencia a la extensión de su periodo legal, por lo que ella y su comité dejarían de tener legalidad a partir del 2 de octubre de 2025, obligándola a emitir inmediatamente la convocatoria para renovar dirigencia. Pero, en su necedad para intentar retrasar su salida, decidió postergar el inicio del proceso.
La convocatoria fue publicada finalmente el 11 de noviembre del año en curso; es decir, poco más de un mes del fin del periodo legal de Claudia. No obstante, tenía un error de origen. El documento fue publicado con la firma de Ulloa Zenteno y su ex comité central como convocantes del proceso de renovación, violando nuevamente los estatutos sindicales.
No hubo asamblea estatal para elegir al Congreso Estatal Electoral, por lo que la convocatoria tampoco estuvo validada por un órgano legítimo, como lo establece el artículo VII de los Estatutos. Además de no respetar lo establecido por los artículos III, V y VI en materia de finalidad y soberanía sindical.
En pocas palabras, Ulloa y su ex Comité Central Ejecutivo decidieron emitir una convocatoria unilateral, bajo sus propios lineamientos, ya fuera de su periodo legal y sin convocar a una asamblea estatal para elegir al Congreso Estatal Electoral. Por eso, el asunto resulta, por mucho, un proceso abiertamente arbitrario… Y es que, el objetivo parece hoy bastante claro.
Claudia Ulloa ha decidido cerrar su propio proceso orquestado a dos posibilidades: su propia planilla (Vino), representada por Germán Domínguez Hernández, y la planilla (Azul), encabezada por Isis Lazos Vázquez, con quien ya negoció su impunidad y quien, aseguran agremiados, tiene detrás el impulso de funcionarios como el propio fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario del Humanismo, Francisco Chacón.
Así, bajo argucias y pretextos legaloides, Ulloa ha dejado fuera de su ilegítimo proceso a cualquier opción que le represente una verdadera oposición o riesgo. Por lo que ahora todo ha quedado en manos de los juzgados, que inevitablemente deberán invalidar la convocatoria, y de los propios trabajadores de base, quienes tienen hoy el poder real para recuperar el control de su organización gremial y evitar así una nueva imposición desde las cúpulas corruptas… así las cosas.
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