El reto pendiente detrás de los predios escolares
La regularización de predios escolares en Chiapas avanza, y es justo reconocerlo. Después de décadas en las que más del 70 por ciento de los planteles operaron sin título de propiedad, el Congreso del Estado y la Secretaría de Educación han comenzado a corregir una omisión histórica que mantenía a las escuelas en una especie de limbo legal: operaban, atendían a miles de estudiantes, pero no podían acceder a recursos federales para mejorar su infraestructura. Eran escuelas sin certidumbre, sin papeles y, muchas veces, sin posibilidades reales de rehabilitarse.
La desincorporación reciente de 16 planteles en Tuxtla Gutiérrez y los avances reportados en Berriozábal representan un paso necesario. Pero este avance, aunque relevante, también evidencia cuánto tiempo se toleró la irregularidad como si fuera normal. ¿Cómo es posible que durante décadas se construyeran, ampliaran y operaran escuelas sin garantizarles primero un fundamento legal? El Estado fue omiso y hoy apenas comienza a saldar esa deuda.
La presidenta del Congreso, Alejandra Gómez Mendoza, destaca que hoy existe una ruta clara para darle certeza jurídica a los planteles. Es una noticia positiva, sin duda, pero conviene no perder de vista la dimensión del problema. Regularizar predios no resuelve por sí solo la precariedad en la que funcionan cientos de escuelas: falta de techos, baños inservibles, salones improvisados, mobiliario insuficiente y, en muchos casos, riesgo estructural. La propiedad del terreno es apenas el primer peldaño de una escalera larga y empinada.
También vale recordar que programas como “La Escuela es Nuestra”, que en su momento generaron dudas, demostraron que cuando la comunidad escolar participa y supervisa, los recursos se ejercen con mayor transparencia y se atienden necesidades reales. Sin embargo, sería un error pensar que la infraestructura educativa puede sostenerse solo con fondos comunitarios. La responsabilidad principal sigue siendo del Estado: planear, invertir y garantizar condiciones dignas para el aprendizaje.
La regularización es un avance, sí, pero no debe convertirse en un pretexto para celebrar antes de tiempo. Lo urgente ahora es que la certeza jurídica se traduzca en inversión efectiva, diagnósticos serios y obras que verdaderamente transformen los espacios escolares. Chiapas no necesita escuelas “en regla” en el papel. Necesita escuelas seguras, funcionales y que estén a la altura del futuro que les prometemos a las niñas, niños y jóvenes del estado.
El reto no termina con entregar un título de propiedad. El verdadero desafío es que ese documento sea el inicio de un proceso de dignificación educativa y no solo otro trámite que agregar a la larga lista de pendientes.
