Ciudad de México., 19 NOV.-Durante la marcha de la Generación Z, los gobiernos federal y de la Ciudad de México violaron protocolos de protección civil y los estándares internacionales para garantizar el derecho a la protesta, denunciaron integrantes de Somos México.
De acuerdo a dichos estándares avalados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno debió ser neutral ante la convocatoria de la marcha de la Generación Z, proteger especialmente a niños, mujeres y jóvenes, no criminalizar a quienes participan en la protesta y generar las condiciones para que la movilización pudiera desarrollarse.
Guadalupe Acosta Naranjo, quien dijo haber participado en más de 30 movilizaciones como dirigente político, sostuvo que por la forma en que se cercó el Zócalo con vallas metálicas de cuatro metros de altura, no hubo las garantías para que se respetara el derecho a la protesta, a lo que está obligado el Gobierno mexicano.
Además, expuso, el Gobierno de Clara Brugada se olvidó de las medidas de protección civil que suelen exigirse en concentraciones masivas y que ofrecen seguridad a los asistentes.
Acosta citó que la publicación «La protección del Derecho a la Protesta. Estándares Internacionales de Derechos Humanos», publicado en 2021 por la Secretaría de Gobernación y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, explica las obligaciones del Gobierno respecto a dar garantías para que las protestas puedan llevarse a cabo.
«El Gobierno de la Ciudad y el Gobierno federal no solamente deben de ser garantes de la libertad de expresión, sino de crear las condiciones para que los ciudadanos ejerzan sus derechos con seguridad», explicó.
Dicha publicación tuvo la participación de Alejandro Encinas como entonces subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, en cuyo prólogo cita que la garantía del derecho a la protesta impone a las autoridades la obligación de respetar su pleno ejercicio, estableciendo las condiciones adecuadas para su disfrute pleno.
«Esto incluye la protección ante cualquier amenaza o agresión a quienes ejercen su derecho a la protesta.
«La protesta debe asumirse como factor de cambio, como expresión de la diversidad cultural y política de toda sociedad contraria al monolitismo y la unilateralidad», expuso Encinas al explicar que la publicación tenía por objetivo ayudar a los servidores públicos a conocer sus obligaciones ante el derecho de las personas a manifestarse.
En el documento se indica que, frente a la libertad de reunión pacífica, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover su ejercicio.
«Sobre la obligación de respetar, los Estados están obligados a no interferir en una reunión pacífica sin justificación legítima para ello y también a no sancionar a los participantes u organizadores por el solo hecho de ejercer su derecho a la libertad de reunión, así como a no descalificar o criticar a la protesta pacífica, ni a sus participantes», se advierte en el documento.
«Existe una presunción general respecto al carácter pacífico de una manifestación. El comportamiento violento de algunos individuos o actos esporádicos de violencia no tienen por consecuencia la pérdida del carácter pacífico de una manifestación».
Agrega que el respeto a la protesta pacífica es un auténtico indicador de la actuación del Estado, porque evidencia la forma de gestión de las autoridades y la posibilidad de acceso que tienen las personas a los espacios públicos.
«Por ello, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido que las manifestaciones pacíficas pueden contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y ha señalado que no deben considerarse una amenaza y, por consiguiente, (alienta) a todos los Estados a entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero al afrontar las manifestaciones pacíficas y sus causas», menciona la publicación auspiciada por Gobernación en el sexenio pasado y que tuvo la participación de la Fundación Heinrichh Böll.
Los Estados también están obligados a promover el derecho de reunión pacífica y, para su cumplimiento, las autoridades deben reconocer expresamente la legitimidad del ejercicio del derecho a la protesta y su importancia para una sociedad democrática.
Las autoridades deben abstenerse de realizar actos de descalificación, estigmatización o crítica ilegítima a las personas o grupos que participan en una reunión pacífica y condenar todo acto de agresión o intimidación contra quienes ejercen libremente su derecho de reunión pacífica, señalan los estándares de actuación ante una manifestación.
«Las reuniones pacíficas pueden ser inherente o deliberadamente disruptivas, característica que requiere tolerancia por parte de las autoridades», se puntualiza.
«Asimismo, se debe fomentar la comprensión sobre dicho carácter de la sociedad en su conjunto, para lo cual las autoridades deberán llevar a cabo las acciones de comunicación y sensibilización necesarias, además de abstenerse de realizar acciones o declaraciones que alienten o contribuyan a la confusión sobre el derecho de reunión pacífica o a la estigmatización de quienes lo ejercen».
Acosta consideró que lo establecido en ese documento fue incumplido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, ante la postura que tomó contra la marcha, el ataque a sus convocantes y participantes.
Ejemplo de ello, destacó, es que con los muros metálicos que rodearon la plancha del Zócalo se permitió un solo acceso por la calle Cinco de Mayo.
Al organizar una marcha, dijo, lo primero que exigen las autoridades es cuidar los temas de seguridad.
«Cuando tú haces una sola entrada al Zócalo por Cinco de Mayo, cuando pones vallas de concreto para ir obligando a la gente a entrar por un solo lugar, y solamente tienes un lugar de desalojo y de salida. Con eso que sucedió, hubo riesgos de estampida, hubo riesgo de que la gente se pisoteara entre ellos, porque tiraron cohetes con una gran estruendo, hizo que todo mundo saliera corriendo a decir ‘están reprimiendo, están empezando a tirar gases’.
«Fue una irresponsabilidad, que por suerte no ocurrió en una tragedia mayor, pero ellos violaron todos los protocolos que el Gobierno tenía la obligación de ejercer, de cuidar, de hacer», refirió.
Uno de los aspectos que se cuidan cuando hay una manifestación en el Zócalo, mencionó, es que haya pasillos o caminos libres, para que puedan entrar servicios de urgencia cuando sea necesario.
Eso no se procuró tampoco a la hora de cercar el Zócalo capitalino, advirtió, con el argumento de que se buscaba proteger de vandalismo al Palacio Nacional.
Amado Avendaño, también integrante de Somos México, recordó que al organizar concentraciones en el Zócalo, cuando fueron convocadas por organizaciones de la «Marea Rosa», con un mes de anticipación se debían cubrir exigencias de protección civil.
«Teníamos reuniones previas con la Subsecretaría de Gobierno. Hacíamos un recorrido por el Zócalo. No eran marchas, eran simplemente concentraciones, pero nos facilitaban los accesos a la plancha del Zócalo, nos permitían una noche antes, cuando menos, por ahí de las ocho de la noche, entrar con los camiones para montar el templete, el audio, y había personal de Protección Civil para verificar que nada estuviera en riesgo, que no se fuera a caer una pantalla, por ejemplo», explicó.
«El trámite era simplemente eso, cuando ellos recibían la solicitud de la ocupación del Zócalo en determinada fecha, ya ellos nos mandaban un correo electrónico de regreso para citarnos a una reunión previa, para ver cuáles eran nuestras necesidades, cuáles eran las vías de acceso, qué más iba a requerir, porque en las tres movilizaciones que hicimos en el Zócalo, se modificó el lado del templete».
En la primera concentración de la Marea Rosa en el Zócalo habló el Ministro en retiro José Ramón Cossío, en la segunda el ex consejero electoral Lorenzo Córdova y la tercera fue un cierre de campaña de Xóchitl Gálvez, detalló.
En el caso de ésta última, dijo, hubo resistencias a que se llevara a cabo, porque había un plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
«En el cierre de campaña de Xóchitl, nos decían que las condiciones no estaban dadas, porque el Gobierno de la Ciudad no quería facilitarnos el Zócalo, pretextando a los maestros», mencionó.
Sin embargo, precisó Avendaño, en casi todas las ocasiones salieron a dar recorridos al Zócalo, para planear, a medir en qué espacio necesitaban de distancia, para dejar las calles con salidas de emergencia.
Además, dijo, con las medidas de Protección Civil debían quedar los pasillos o «caminos de vida», por si había una emergencia en particular, a fin de que pudieran entrar servicios de auxilio y sacar rápido a las personas afectadas.
Dicho pasillos suelen estar delimitados con vallas, agregó.
«Todo eso lo veíamos en juntas de logística previas con el Gobierno de la Ciudad de México, regularmente en una sola sesión, y si había alguna otra duda, ya lo veíamos con ellos. Pero sí, sí era una logística previa, antes y siempre avisábamos a la Alcaldía Cuauhtémoc, a mí me tocó ir las tres veces a hablar con Sandra Cuevas, igual a las juntas en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y ya de ahí salíamos a hacer los recorridos, pero era bastante mucho más ordenado a lo que vimos el sábado», detalló Avendaño.
Avendaño remarcó que las movilizaciones que hizo la Marea Rosa fueron pacíficas y que, incluso, eran días en que al comercio del Centro Histórico le iba bien, porque los asistentes se quedaban a comer y consumir.
En su opinión, la violencia en la marcha del sábado pasado fue un montaje, porque se preparó un escenario que en lugar de generar las condiciones para una concentración en paz, se generó un escenario que llevó a la violencia, como fue el cerco al Zócalo.
