A Mi Manera, por Rodrigo Yescas Núñez
Hay que decirlo con todas sus letras y palabras; en Chiapas habíamos estodo acostumbrados a que el Poder Judicial fuera noticia por las razones equivocadas: rezagos, opacidad, pugnas internas y una distancia casi ritual entre los magistrados y la ciudadanía. De ahí que la llegada del magistrado Juan Carlos Moreno Guillén a su presidencia no pasó desapercibida. Pero lo más interesante en esta cuestión que hoy comento no es en sí el nombramiento —cantado sin duda por su cercana relación al gobernador Ramírez— sino lo que ha pasado después: una gestión que, contra todas las inercias, empieza a marcar un contraste visible respecto a administraciones anteriores.
Moreno Guillén asumió un Poder Judicial que venía arrastrando años de desgaste institucional. Entre crisis internas, cambios repentinos de presidencia y señalamientos sobre opacidad presupuestal, el TSJ había perdido no solo credibilidad, sino rumbo. La expectativa era baja. Sin embargo, el nuevo magistrado presidente entendió un punto clave: la legitimidad no se construye con discursos, sino con señales claras. Y desde el inicio ha enviado varias.
La primera diferencia palpable ha sido el retorno a una gestión de presencia, algo que en Chiapas se había perdido. Moreno Guillén recorrió sedes judiciales, escuchó a personal administrativo, verificó condiciones reales de trabajo y exigió diagnósticos puntuales. No se trata de una gira protocolaria; se trata de mostrar que el presidente del Poder Judicial existe más allá de un escritorio en Tuxtla, como ya nos habíamos más que acostumbrado, resignado. Quienes trabajan todos los días en los juzgados saben mejor que nadie que estas visitas son la excepción, no la regla.
La segunda señal es la profesionalización del servicio judicial. A diferencia de administraciones anteriores, donde la prioridad parecía ser la operación política del Tribunal, Moreno Guillén ha apostado por ordenar procesos internos, clarificar facultades y recuperar la figura del juez como técnico de la ley, no como operador de intereses. La insistencia en el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura —un órgano que históricamente había sido decorativo— es una de las diferencias más importantes de su gestión.
Otro punto de ruptura es el esfuerzo por transparentar el manejo institucional. Si bien todavía falta mucho por abrir, el Poder Judicial ha comenzado a publicar más información, actualizar perfiles, difundir actividades públicas y responder solicitudes que antes quedaban archivadas. Las administraciones previas fueron particularmente opacas; comparar solo el nivel de información disponible hoy respecto de hace dos o tres años ya revela un cambio de actitud.
Pero quizá la diferencia más simbólica es el énfasis en una justicia con trato digno. El programa “Acercando la Justicia al Pueblo” refleja esta visión. Años atrás, la institución se movía bajo una lógica casi aristocrática, alejada del ciudadano común, de los pueblos indígenas y de quienes enfrentan procesos sin traductor, sin abogado o sin recursos. La justicia era un edificio frío. Hoy, sin que todo esté resuelto, hay un esfuerzo por bajarla al territorio, por humanizarla, por reconocer que la atención importa tanto como la sentencia.
¿Es suficiente para hablar de una transformación? Por supuesto que no. El Poder Judicial sigue enfrentando retos enormes: falta de independencia plena, rezago procesal, déficit presupuestal, carencias tecnológicas y una estructura que durante años se acostumbró a sobrevivir sin cambiar. Una gestión no borra décadas de inercias. Pero sería injusto no reconocer cuando se siente un giro.
Moreno Guillén ha iniciado una administración que rompe con el inmovilismo tradicional. Ha movido piezas internas, ha devuelto vida al Consejo de la Judicatura, ha buscado cohesión y ha tratado —con el tacto que exige la política interna del Tribunal— de corregir vicios sin incendiar la casa. Esa capacidad de equilibrio también lo distingue de quienes ocuparon la presidencia antes que él.
El gran desafío aquí, considero, será sostener la ruta. La historia del Poder Judicial de Chiapas tiene un patrón que debería romperse: los buenos arranques que se desdibujan con el tiempo. La diferencia no debe ser un momento, sino un método.
Si “la justicia es la primera deuda del Estado con sus ciudadanos”, como decía Mariano Otero, hoy Chiapas tiene la oportunidad de comenzar a saldar una parte. Juan Carlos Moreno Guillén tiene las herramientas, el respaldo político y la expectación pública para demostrar que un Poder Judicial puede cambiar si su presidente realmente quiere cambiarlo. Confío, porque hemos seguido los pasos de hoy magistrado presidente, que así será. Nos vemos…
