Por Redacción
Ciudad de México; 7 de noviembre de 2025
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) llamó a las autoridades federales y estatales a tipificar de forma específica el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, luego de que un joven de 17 años fuera señalado como presunto implicado en el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán.
La organización señaló que el caso refleja la profundidad de la crisis de violencia que atraviesa el país y la vulnerabilidad en la que se encuentra la niñez frente a los grupos criminales. “El presunto perpetrador fue un adolescente de 17 años. Este hecho revela fallas profundas en las políticas públicas de prevención y atención a este grupo de población”, expresó Redim en un comunicado.
De acuerdo con sus estimaciones, hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes en México podrían estar en riesgo de ser reclutados por la delincuencia organizada, principalmente en estados como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. La red subrayó que estos menores, además de ser utilizados en actividades ilícitas, provienen de contextos marcados por la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades.
“Las y los adolescentes que cometen delitos son, ante todo, víctimas de la violencia estructural que los utiliza como herramientas desechables”, advirtió la organización, que enfatizó la necesidad de atender el fenómeno desde un enfoque de derechos y no punitivo.
Redim lamentó además que autoridades y medios de comunicación hayan difundido el nombre, la imagen y otros datos personales del adolescente detenido, lo que consideró una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a los estándares internacionales de justicia para menores.
“Difundir esa información revictimiza y fomenta la estigmatización, en lugar de propiciar una justicia restaurativa que contribuya a su reintegración social”, sostuvo la organización.
Finalmente, la red urgió a los tres niveles de gobierno a priorizar la prevención del reclutamiento forzado en la agenda pública y a fortalecer la protección integral de la niñez y adolescencia como estrategia para reducir la incidencia del crimen organizado. “Debe tipificarse el delito de reclutamiento forzado sin caer en la tentación de disminuir la edad de imputabilidad, reconociéndoles como víctimas y sujetos de derechos”, concluyó.
