El saldo oculto del sexenio
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto en evidencia lo que muchos sospechaban: el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, hoy cónsul de México en Miami, cerró con un profundo boquete financiero y una estela de irregularidades en el uso de los recursos públicos destinados a los sectores más sensibles para Chiapas: salud, educación e infraestructura básica.
De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2024, la ASF detectó presuntas irregularidades por más de 1,500 millones de pesos: 915 millones vinculados a contrataciones públicas sin justificación, y otros 678 millones cuyo destino no ha sido aclarado. En otras palabras, una cantidad equivalente al presupuesto anual de varios municipios rurales desapareció entre contratos, facturas y expedientes opacos.
El caso del sector salud es el más alarmante. Mientras solo cuatro de cada diez chiapanecos tienen acceso efectivo a atención médica, el gobierno estatal gastó 97 millones de pesos en servicios de imagenología y firmó 23 contratos por más de 10 millones en tecnología médica, dentro de un total de 268 adquisiciones auditadas. Una cifra que contrasta con hospitales sin medicinas, clínicas abandonadas y médicos que trabajan en condiciones precarias.
En materia de infraestructura, la ASF documentó presuntos desvíos millonarios en obras inexistentes: 55 millones destinados a proyectos de agua potable en Palenque y 28 millones en Ocosingo, recursos que nunca se tradujeron en una sola gota de agua para las comunidades.
Y mientras tanto, Chiapas siguió encabezando los índices de pobreza extrema, con más de dos millones de habitantesen esa condición.
La fotografía es desoladora. Un gobierno que prometió honestidad y desarrollo terminó dejando un rastro de opacidad, con observaciones que exhiben una administración más preocupada por justificar el gasto que por mejorar la vida de su gente.
Hoy, el exgobernador goza de un cómodo cargo diplomático; en cambio, los chiapanecos siguen padeciendo los efectos de un modelo de gestión donde la corrupción no solo se tolera, sino que se maquilla con discursos de bienestar.
La ASF ya cumplió su parte: documentar y señalar. Ahora corresponde a las autoridades judiciales y al Congreso del Estado garantizar que estos hallazgos no se archiven en el olvido. Porque lo que está en juego no son solo cifras: es la credibilidad de un gobierno que prometió ser distinto y terminó siendo más de lo mismo.
