Chiapas, una crisis que no puede normalizarse
El desplazamiento forzado interno en Chiapas ha alcanzado cifras alarmantes. Más de 17 mil 800 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares durante 2024, convirtiendo al estado en el epicentro nacional de este fenómeno, según el más reciente informe del PDH-IBERO y ACNUR. Detrás de cada número hay una historia de miedo, desarraigo y desprotección.
Las causas son claras: la violencia de grupos armados, la disputa territorial y la ausencia del Estado en amplias regiones de la entidad. Lo preocupante no es sólo la magnitud del problema, sino la normalización del horror; comunidades enteras huyen, mientras las autoridades ofrecen respuestas parciales o tardías.
El informe revela que seis de cada diez desplazados en México son chiapanecos, un dato que desnuda la fragilidad institucional y la urgencia de una política integral de seguridad y atención humanitaria. La falta de un registro oficial confiable y de mecanismos de protección efectiva agrava la tragedia: sin datos, no hay política pública; sin presencia estatal, no hay garantías de retorno.
El desplazamiento forzado no puede seguir siendo una estadística ni un tema que se diluya entre comunicados. Es un síntoma profundo del colapso de la convivencia y la justicia en amplias zonas de Chiapas. Reconocerlo como tal es el primer paso para actuar.
Porque la paz no se decreta: se construye con justicia, con presencia del Estado y con compromiso social. Mientras miles sigan huyendo de la violencia, ningún discurso de progreso será suficiente.
