Ciudad de México, 28 OCT.-La ex diputada federal panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó ante la Contraloría Interna del Senado una denuncia en contra de Adán Augusto López Hernández, jefe de la bancada de Morena, por presuntas omisiones, contradicciones y falsedades en sus declaraciones patrimoniales y fiscales.
En opinión de Pérez-Jaén, esos señalamientos podrían constituir faltas administrativas graves, así como delitos del orden penal.
«Se siente protegido por la Presidenta Sheinbaum, se siente protegido por los senadores de Morena, pero es mi deber ciudadano agotar todas las posibilidades», explicó en entrevista.
La denunciada fue recibida por Gerardo Fragoso Díaz, titular de la Contraloría Interna, allegado a López Hernández.
En ese tenor, la ex legisladora dijo que esperaba que ese funcionario actuara con responsabilidad, «más allá de la íntima amistad que tiene con el senador Adán Augusto y, por una vez, que actúe con el compromiso y responsabilidad que tiene para investigar este caso».
Con la denuncia, la ex diputada solicitó la apertura de un expediente de investigación por faltas administrativas en la Contraloría Interna del Senado de la República; la revisión exhaustiva de las declaraciones patrimoniales del senador entre 2021 y 2025; y la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del Registro Público de la Propiedad para verificar la evolución patrimonial del denunciado y su familia.
Pérez-Jaén Zermeño señaló que el tabasqueño omitió declarar ingresos extraordinarios por un monto aproximado de 79 millones de pesos durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024.
Esa bolsa tendría como origen el concepto de «servicios profesionales» sin soporte documental, provenientes de empresas con vínculos previos con el Gobierno de Tabasco, y de empresas fantasma señaladas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Según la denuncia, se descubrieron contradicciones entre las declaraciones patrimoniales del senador presentadas a la entonces Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y ante la Contraloría Interna del Senado; mientras que ante el SAT declaró ingresos por $58.1 millones de pesos y ante la Contraloría Senado reportó únicamente $625,793.00, configurando una discrepancia fiscal grave y una posible simulación de operaciones.
Entre otras, las irregularidades denunciadas son:
-Omisión de declarar ingresos distintos en declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
-Discrepancias entre los montos reportados ante el SAT y los declarados a la Contraloría Interna del Senado, así también en la entonces SFP.
-Posible defraudación fiscal equiparada, conforme a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación.
-Presunto conflicto de interés con empresas contratistas del Gobierno de Tabasco conforme al art. 3, 47, 58 y 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
-Violación al régimen de incompatibilidades notariales, al ejercer simultáneamente funciones públicas y actividades privadas remuneradas, art. 27 de la Ley del Notariado para el Estado de Tabasco.
-Posible enriquecimiento ilícito y cohecho, conforme a los artículos 222 y 224 del Código Penal Federal.
