En la Mira, por Héctor Estrada ·
Entre operativos excesivos, denuncias de corrupción y protestas desquiciantes, lo ocurrido la semana pasada entre los choferes de plataformas digitales y la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas terminó por exponer las entrañas de una dependencia inoperante que, más allá de los cambios administrativos, sigue funcionando a base de caprichos políticos, presiones de complicidad y ocurrencias.
La nueva chispa que reavivó el conflicto entre taxistas concesionarios y trabajadores de plataformas digitales se desató luego de que la dependencia, bajo presiones de los concesionarios, iniciara la aplicación de nuevos operativos contra vehículos de Didi y Uber, mediante el pretexto de no haber cumplido todavía con la reforma a la ley de transporte realizada hace apenas tres meses.
La reforma, hecha al vapor y sin el consenso con todos los sectores involucrados, estableció desde el pasado mes de junio nuevas regulaciones e impuestos estatales para los servicios privados de transportación en plataformas digitales que, si bien, de manera superficial, podrían parecer positivas, en el fondo buscan establecer condiciones de inequidad efectiva dentro del sector.
Así, las nuevas regulaciones estatales establecen a los operadores de Didi y Uber, entre otras cosas, la obligatoriedad de contar con tarjetones de funcionamiento bajo registro oficial y números limitados, así como el pago de un porcentaje del cobro por servicio que finalmente será depositado a un fideicomiso de la Secretaría de Movilidad y Transporte, cuyos fines no están especificados por la ley.
Todo, pese a que los dichos servicios de transportación privada operan desde hace años bajo amparos federales, se encuentran sometidos a regímenes fiscales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, desde este 2025, están regulados en materia laboral por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Por lo que se estarían sometiendo a una duplicidad regulatoria.
En resumen, las reglas de funcionamiento local buscan mañosamente entregar el control a la dependencia estatal sobre las plataformas digitales, para no sólo poder decidir a quienes sí y quienes no autorizar tarjetones de funcionamiento, sino también comenzar a limitar el número de vehículos que prestan ese tipo de servicios en Chiapas… Y bajo esas condiciones, adiviné usted para qué lado de la balanza “jugará sus cartas” la dependencia.
Y es que, mientras se busca someter a los vehículos de plataformas digitales a nuevos impuestos y controles gubernamentales (a sólo tres meses de haberse reformado la ley), a los taxistas concesionarios parece cubrirlos desde hace años un añejo manto de inmunidad sobre los establecido por la misma normativa en materia calidad y seguridad en el servicio.
Para el sector convencional hace tiempo que no hay operativos a gran escala en materia de modernización de unidades, regulación de tarifas y regularización de concesiones bajo monopolios abiertamente ilegales que, para nadie es un secreto, mantienen su impunidad a cambio de favores políticos, sobre todo en tiempos electorales.
Por eso la nueva envestida contra las plataformas digitales en Chiapas tuvo un rechazo popular prácticamente inmediato. Porque otra vez han intentado pasar por encima de los intereses de los usuarios a fin de cumplir los caprichos de sus mafias aliadas, y eso hoy ya no resulta tan sencillo. Sobre todo, en un contexto de mayor información digital y redes sociales menos controladas por el poder político.
Al final de cuentas, la Secretaría de Movilidad y Transporte tendrá que aceptar su incapacidad culposa par resolver el conflicto de marea definitiva. No mientras siga sometida a intereses de mafias y complicidades que limiten su capacidad para plantear propuestas equilibradas que respondan realmente a la nueva realidad y a los verdaderos intereses de los usuarios… así las cosas.
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