Justicia exigida, no bloqueada
El desalojo violento de las integrantes de la colectiva “Madres en Resistencia de Chiapas”, instalado frente a la sede de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, no puede verse como un mero choque de fuerzas en la vía pública. Es, también, un símbolo doloroso de la tensión entre quienes buscan verdad y respeto, y la obligación institucional de garantizarla con eficacia.
Las manifestantes —madres que esperan que se investigue con rigor la desaparición o muerte de sus hijas e hijos— tomaron la decisión, señalada como última, de interrumpir el tránsito ante la presión persistente de la impunidad.
El argumento oficial fue que el bloqueo “generaba afectaciones al tránsito vehicular”.
Pero resulta evidente que la afectación que verdaderamente pesa sobre la convivencia social, la confianza ciudadana y la dignidad humana, es la impunidad, la dilación injustificada, la revictimización institucional.
El uso de la fuerza pública para desalojarlas no solo vulnera el derecho de manifestación pacífica, sino que agrede simbólicamente la demanda legítima de atención. Que una madre resulte herida en un operativo así es más que una estadística: es la revictimización hecha realidad.
Organismos de derechos humanos han señalado esta dimensión del problema al calificar la acción como violencia institucional.
Que la Fiscalía acudiera a dialogar solo después del operativo, sin ofrecer solución concreta, añade una última nota de frustración al episodio: actúa como quien responde por obligación, no por convicción de que debe dar cuentas razonadas y transparentes de su gestión.
La Fiscalía debe acelerar las investigaciones con transparencia, comunicar avances, y brindar atención humana a quienes exigen justicia.
Las autoridades municipales y estatales tienen que reconocer que la manifestación pacífica de las víctimas no es un obstáculo al orden: es una reacción al déficit de ese mismo orden.
Y la sociedad en su conjunto debe entender que estos eventos no son episodios aislados, sino indicios de cómo funciona (o no funciona) el estado de derecho en Chiapas.
En definitiva: no se necesita más policía para borrar un bloqueo, sino más investigación para esclarecerlo. No se necesita ocultar el reclamo con lonas arrancadas, sino responderlo con resultados.
