Ciudad de México; 7 de octubre de 2025. – Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló la existencia de una red sistemática de contrabando automotriz que opera a través de las aduanas de Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, donde cada año ingresan al país alrededor de 40 mil vehículos ilegales utilizando placas clonadas y permisos temporales falsificados o reutilizados.
El reportaje, titulado “La mafia de los clones”, documenta que los cruces fronterizos ubicados en esas ciudades —considerados también rutas del llamado huachicol fiscal— se han convertido en puntos clave para el ingreso de autos de contrabando, con un valor estimado en más de 2 mil 200 millones de dólares anuales.
Entre los hallazgos más alarmantes se encuentra el caso de un permiso temporal (91635R5) que registró 728 cruces distintos en solo cuatro meses, lo que significa que cientos de vehículos diferentes ingresaron al país utilizando el mismo documento. Otros permisos, como el 70601N3 y el 96447X5, contabilizaron 220 y 253 cruces, respectivamente.
En registros internos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se detectó que entre 2021 y 2022, 3 mil 896 placas diferentes fueron usadas de forma reiterada para introducir 27 mil 239 autos ilegales a México. En promedio, se estima que 3 mil 400 vehículos de contrabando cruzan mensualmente por los puestos fronterizos de Tamaulipas.
El punto de partida de la investigación fue el 30 de abril de 2021, cuando dos autos —un Ford Fusion blanco y un BMW 535i de lujo— ingresaron con la misma placa texana (HDY9677) por distintas aduanas con solo dos minutos de diferencia. Las alertas del sistema de monitoreo aduanal encendieron la investigación que derivó en el hallazgo de esta amplia red de falsificación y duplicación de permisos.
La ANAM advirtió entonces que estos vehículos podrían estar siendo utilizados para introducir productos ilícitos, incluyendo armas y sustancias prohibidas, lo que agrava el impacto de esta práctica criminal.
Sin embargo, el problema se profundizó con la emisión del decreto presidencial de regularización de vehículos de procedencia extranjera, publicado el 18 de octubre de 2021 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido ampliado sucesivamente hasta septiembre de 2026. Este decreto permitió que miles de autos ingresados ilegalmente fueran legalizados, otorgándoles un salvoconducto jurídico pese a haber sido detectados como parte del contrabando.
El informe de MCCI concluye que la falta de control aduanero, la duplicación de permisos y la regularización indiscriminada han consolidado una red de contrabando legalizado, que afecta la recaudación fiscal, incentiva la corrupción y pone en riesgo la seguridad pública al facilitar la circulación de vehículos con origen ilícito.
