El Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra acusó que el grupo de élite de seguridad Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) ha cometido delitos en contra de los ciudadanos en Chiapas.
La agrupación fue creada en 2024 por el gobierno de Chiapas con el propósito de atender la inseguridad en la zona provocada por los grupos criminales, pero la organización acusa que en realidad no siguen el objetivo de lograr la paz y violentan a la comunidad.
Entre los delitos que cometería Fuerza Pakal son: intimidación con amenazas a los pobladores, invasión a sus territorios y allanamiento a sus propiedades sin órdenes judiciales que lo justifiquen, según los testimonios que dicen haber recogido.
«El cáncer de la criminalidad ha llegado a la médula de los territorios y por ello estamos frente al fenómeno de la erosión de los saberes ancestrales y la sagrada espiritualidad de los pueblos originarios», señalaron en el escrito «Una voz que clama en el desierto».
A través del escrito, la organización también desestimó lo informado por el gobierno federal respecto a la supuesta seguridad que se vive en el estado.
«Dicen los que gobiernan que estamos en tiempos de transformación, que hay avances en seguridad, que en este país se mata menos desde el crimen organizado, que ha disminuido el número de pobres por millones de personas, que todos los delitos de alto impacto han disminuido», señalaron.
Sin embargo, contrastaron que «estamos peor que cuando ellos estaban», afirmaron que nos encontramos en una «dictadura» y que «los programas sociales son clientelares».
Además, la organización también condenó el asesinato del sacerdote tzotzil, Marcelo Pérez, poniéndolo como el ejemplo de lo que dicen llamar «complot» entre el gobierno y los grupos generadores de violencia.
Asimismo, reclamaron que los migrantes que son abandonados por las autoridades no reciben un trato digno ni son atendidos como corresponde, sino que sucede todo lo contrario a menos de que haya una cámara de videovigilancia o estén dentro de los aeropuertos.
«La frontera, carreteras y rutas no conocidas por las autoridades siguen siendo un ‘campo minado’ para esa población», dijeron.
Finalmente, enumeraron cinco peticiones ante lo expresado anteriormente: esclarecimiento ante los hechos ocurridos del homicidio de Marcelo Pérez, rechazo a los mega proyectos que destruyen la tierra, libertad para los presos políticos del Estado, erradicación de cacicazgos y atención inmediata a la infraestructura básica de los territorios abandonados.
