RAYOS Editoriales • 26.8.25

Basurero municipal de Tapachula — Una emergencia ignorada por el gobierno local

La reciente publicación en El Sol de Chiapas pone al descubierto una crisis ambiental que estalla en el corazón de Tapachula. El basurero municipal se ha convertido en un auténtico foco de contaminación con efectos devastadores sobre la salud de miles de habitantes. Emisión de gases tóxicos, contaminación del agua y del suelo, proliferación de enfermedades e incluso trabajo infantil son las imágenes más crudas de un terreno minado por la falta de acción gubernamental.

Lo grave es que no se trata de un problema nuevo, sino de una emergencia que se arrastra de trienio en trienio. Los tapachultecos viven una situación que pareciera volverse crónica, y este cúmulo de negligencias refleja no solo la incapacidad del gobierno municipal encabezado por Yamil Melgar Bravo, sino también una grave omisión ética y social.

Reducir este drama a un simple asunto ambiental sería un error. La salud pública está en riesgo de manera directa: los gases tóxicos que emite el basurero y la contaminación del agua generan enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas, que afectan la vida cotidiana de las familias. A ello se suma el rostro más doloroso de la crisis: personas, incluso menores de edad, son empleadas en labores de separación de residuos sin garantías mínimas, sin protección, sin servicios médicos, sin condiciones dignas. Una forma de violencia social que compromete el presente y futuro de quienes menos tienen.

Tapachula merece una respuesta distinta. Las generaciones futuras no deberían crecer bajo una neblina tóxica ni cargar con enfermedades que pudieron evitarse. Lo que se vive hoy no es solamente una falla técnica o administrativa, sino el fracaso de varias gestiones que no estuvieron en su trienio correspondiente a la altura de su deber.

Las autoridades deben reconocer públicamente la magnitud del problema y emprender de inmediato acciones de fondo para atenderlo. La ciudadanía no puede conformarse con promesas ni con paliativos, necesita soluciones reales que garanticen el derecho a vivir en un entorno sano y digno. Tapachula tiene derecho a respirar, a la salud y a la justicia ambiental. Y sus gobernantes, la obligación ineludible de responder con hechos, no con silencios.

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