La educación no se vende, se garantiza
Las denuncias de padres de familia de la Escuela Primaria Federal Camilo Pintado Rincón sobre actos de hostigamiento y coerción para el cobro de una cuota “obligatoria” de inscripción, de mil pesos, ponen sobre la mesa un problema que no es nuevo, pero que sigue atentando contra uno de los derechos más básicos: el acceso gratuito a la educación pública.
Resulta inaceptable que la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia, encabezada por Rodolfo Domínguez Arellano, pretenda imponer pagos bajo presión, escudándose en asambleas sin quórum y en acuerdos que, más que democráticos, parecen autoritarios. Peor aún, que se condicione el apoyo escolar a los alumnos según la capacidad económica de sus tutores, lo que constituye un acto de discriminación que hiere a las familias y afecta directamente a los menores.
No debe olvidarse que el artículo 3° constitucional es claro: la educación pública en México es gratuita. Las aportaciones de los padres siempre deben ser voluntarias, nunca obligatorias ni mucho menos condicionantes. La solidaridad entre familias y el apoyo a las escuelas son válidos, pero deben gestionarse con transparencia, respeto y consenso, no con amenazas ni imposiciones.
Las instituciones educativas, junto con las autoridades estatales y federales, tienen la obligación de garantizar que ningún niño sea privado de apoyo o señalado por la situación económica de su familia. Convertir la cooperación en un requisito forzado es una práctica que erosiona la confianza comunitaria y vulnera el espíritu de la educación pública.
Lo que ocurre en la Camilo Pintado Rincón debe ser una llamada de atención para toda la sociedad: la gratuidad de la educación no se negocia, no se impone, no se condiciona. Se respeta. Y quienes olviden este principio deben responder por sus actos.
