Javier Domínguez
4 de agosto de 2025 | Tuxtla Gutiérrez
En Chiapas, al menos 124 defensores de derechos humanos y periodistas han sufrido agresiones en el último año, denunció Damaris Guaza, integrante del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), quien advirtió que esta cifra podría ser aún mayor debido a un subregistro alimentado por el miedo y la desconfianza en las autoridades.
“Sabemos que hay más víctimas que no denuncian por temor a represalias o por desconfianza en el sistema. Los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente son los más vulnerables, lo que coloca a México entre los países más peligrosos para esta labor, junto con Colombia y Brasil”, señaló Guaza en entrevista.
La activista recordó casos emblemáticos como el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez en octubre de 2024 en San Cristóbal de Las Casas, así como la masacre en Nueva Morelia y recientes desapariciones forzadas.
Además, advirtió sobre un patrón de criminalización de defensores mediante detenciones arbitrarias, una práctica que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha denominado “fábrica de culpables”.
Sobre los agresores, explicó que las amenazas provienen de diversos actores, incluidos grupos del crimen organizado y, en algunos casos, autoridades. No obstante, reconoció que no se cuenta con datos precisos que permitan establecer qué actor es el principal responsable.
Pese a los discursos oficiales que presentan a Chiapas como un territorio seguro, SIPAZ recordó que la entidad ocupa el quinto lugar nacional en peligrosidad para personas defensoras.
Finalmente, Guaza hizo un llamado a redefinir el concepto de seguridad y garantizar condiciones reales para ejercer la defensa de derechos humanos sin correr riesgos.
“Las madres en resistencia, por ejemplo, enfrentan vigilancia, intimidación y amenazas en redes sociales mientras buscan a sus seres queridos”, denunció.
