Ciudad de México, 1 de agosto de 2025.– La Unión Europea (UE) y la embajada de Francia en México condenaron el allanamiento al domicilio de Dora Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), ocurrido el pasado 25 de julio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Preocupación por agresiones a defensores en México
A través de un comunicado conjunto, las representaciones diplomáticas expresaron su preocupación por los crecientes riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en México, especialmente en regiones con alta conflictividad social y territorial.
“Las defensoras y defensores de derechos humanos deben poder ejercer su labor sin amenazas, hostigamientos ni violencia”, señalaron las delegaciones de la UE y Francia, subrayando la trayectoria de Roblero en la defensa de comunidades indígenas del sureste mexicano.
Un acto de intimidación
El allanamiento al domicilio de la activista ocurrió durante la madrugada, cuando personas desconocidas ingresaron ilegalmente sin sustraer objetos de valor. El Frayba denunció que no se trató de un robo común, sino de un acto de intimidación relacionado con su labor de defensa de derechos humanos.
Organizaciones nacionales como la Red TDT y Serapaz, así como colectivos internacionales, condenaron los hechos y exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de Roblero y su equipo.
“Estos actos se enmarcan en una estrategia de criminalización hacia quienes denuncian violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales”, señalaron las agrupaciones.
Llamado a proteger a defensores y a investigar
El Frayba, fundado en 1989 por el obispo Samuel Ruiz, es un referente en la documentación de abusos en Chiapas, especialmente en territorios indígenas y zonas de influencia zapatista. A lo largo de su historia, sus integrantes han sido objeto de amenazas, hostigamientos y agresiones.
La condena de Francia y la Unión Europea se suma a los llamados internacionales para reforzar la protección de defensoras y defensores en zonas de alto riesgo como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes ejercen la defensa de derechos humanos, con decenas de agresiones documentadas cada año.
Las delegaciones europeas exhortaron a las autoridades mexicanas a realizar una investigación pronta e imparcial sobre el allanamiento, y a tomar medidas urgentes para prevenir nuevos ataques contra activistas.
