Ciudad de México.– En los últimos meses, la libertad de expresión en México ha enfrentado crecientes ataques por parte de funcionarios públicos, especialmente en gobiernos y cargos ligados a la Cuarta Transformación (4T), según denuncias recientes que alertan sobre un patrón de abuso de poder contra periodistas y ciudadanos.
Casos como el de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, que denunció por violencia política de género a un periodista local, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien impuso restricciones a un medio para referirse a ella, ejemplifican esta tendencia. También destacan denuncias similares contra comunicadores en Oaxaca y Tamaulipas.
Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una advertencia sobre la proliferación de mecanismos judiciales y legislativos que limitan la libertad de expresión en diversas entidades del país, mediante sentencias, leyes regresivas y presiones administrativas a medios independientes.
Entre los casos emblemáticos figura la denuncia contra el periodista Héctor de Mauleón, tras una columna que señaló presuntas redes de corrupción vinculadas a familiares de autoridades en Tamaulipas. La respuesta fue la imposición de medidas cautelares y sanciones que incluyen la censura de publicaciones, según denuncia el medio afectado.
Este panorama evidencia un aumento en el uso del poder institucional para coartar voces críticas, lo que genera preocupación entre defensores de derechos humanos y prensa libre, quienes demandan garantías para un ejercicio periodístico sin amenazas ni censura.
