Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de junio de 2025.– Propietarios de bodegas en la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez denunciaron una serie de irregularidades presuntamente cometidas por la administradora del inmueble, Estela Pérez Canseco, a quien acusan de utilizar el espacio con fines ajenos al propósito comercial del lugar y de provocar afectaciones a la operatividad cotidiana del recinto.
Entre las principales quejas, los denunciantes señalaron que la administradora ha permitido el estacionamiento de tráileres de la empresa PepsiCo dentro de la Central de Abastos, a pesar de que dichas unidades no forman parte de las actividades de carga o descarga de los locatarios. Esta situación ha provocado graves daños en la infraestructura vial interna debido a las maniobras constantes de los vehículos pesados.
“Los cajones de estacionamiento que tienen propietarios asignados están siendo utilizados por tráileres que impiden el acceso de mercancía a las bodegas. La administración tiene conocimiento de esto, pero aun así renta esos espacios, afectando directamente nuestras actividades”, denunciaron.
Indicaron que, de acuerdo con información recabada entre los locatarios, la empresa PepsiCo pagaría aproximadamente $5 mil pesos diarios por estos espacios, lo que representaría ingresos mensuales superiores a los $150 mil pesos, sin que haya transparencia o rendición de cuentas sobre el destino de dichos recursos.
Además, denunciaron que se ha permitido la instalación de vendedores de rejas de madera, quienes almacenan grandes volúmenes del material en espacios comunes, obstaculizando accesos y representando un riesgo grave de incendio por la acumulación no regulada de madera.
Asimismo, acusan que la administradora construyó baños de forma unilateral, sin contar con los permisos de construcción requeridos por las autoridades, y que cobra por su uso sin informar a ningún órgano rector ni rendir cuentas del ingreso generado por este servicio.
Los afectados informaron que ya fue interpuesta una demanda formal en contra de Estela Pérez Canseco, y exigieron la intervención inmediata de las autoridades municipales y estatales para frenar lo que calificaron como un uso indebido y discrecional de un espacio público que debería estar al servicio del desarrollo económico de Tuxtla Gutiérrez, y no ser utilizado como un “botín personal”.
