En la Mira, por Héctor Estrada ·
Han pasado nueve años desde que el 26 de mayo de 2016 fueron agredidos a balazos y expulsados de sus hogares por negarse a votar por el Partido Verde Ecologista. En ese entonces el saldo fatal fue de dos personas sin vida, entre ella una menor de edad… Son los desplazados del ejido Puebla, del municipio de Chenalhó, Chiapas, quienes hasta ahora siguen sin poder regresar a casa.
El caso del ejido Puebla es uno de los mayores pendientes heredados por los conflictos desatados durante la primera mitad de la década pasada. Ese día fueron 54 familias, pero con el paso de las semanas la cifra se elevó a 65, sumando más de 280 personas, entre mujeres, niños, ancianos y hombres, expulsadas por el gobierno municipal de ese entonces.
Chiapas era gobernado por Manuel Velasco Coello y Chenalhó se encontraba bajo la violenta presidencia municipal de Rosa Pérez Pérez, quien, junto a Abraham Cruz Gómez, habían instaurado un ambiente de terror en la región, para imponer su control y el de su partido político. Todo bajo un velo de impunidad extendido por el gobierno estatal, que había convertido a varios municipios en nacientes polvorines para desplazar a sus adversarios políticos.
El hecho llegó hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien sólo unos días después solicitó al gobierno de Chiapas aplicar medidas cautelares para garantizar la integridad física de las personas desplazadas y establecer los procedimientos necesarios para generar las condiciones de retorno seguro. Sin embargo, el sexenio de Velasco Coello concluyó y el regreso a casa o la reubicación nunca sucedió.
Las familias desplazas del ejido Puebla se quedaron en limbo de la atención gubernamental. Durante el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas no hubo salidas de solución definitivas y, mucho menos, justicia para sus muertos. Las marchas y protestas se volvieron una constante durante el sexenio pasado, sin mayor intervención del Estado.
Todo se redujo a apoyos gubernamentales de alimentación y precario alojamiento temporal, sin intenciones o acciones reales del gobierno estatal para desarticular a los grupos paramilitares que provocaron es propio desplazamiento forzado… Por eso, las familias siguen ahí, en la prolongada espera de llegar nuevamente a hogares definitivos, que terminen con su largo estatus de refugiados.
Y es que, de poco ha importado a las autoridades federales y estatales que el problema tenga ya su propio expediente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), que desde el 24 de febrero 2018 emitió sus propias medidas cautelares al gobierno de México, para atraer el caso e intervenir en la implementación conjunta de soluciones para las familias desplazas de Chenalhó.
No obstante, tampoco ha habido nada concreto desde la federación para detener la violencia en ese municipio; pues a decir de las propias familias refugiadas, los implicados en el mismo desplazamiento y asesinato de sus familiares en 2016 siguen operando impunemente en la zona. Sin ninguna persecución judicial afectiva u operativo de desarticulación en marcha.
Por ello, este lunes 16 junio, a sólo 10 días de que se cumplan 9 años de los hechos, las victimas decidieron salir nuevamente a manifestarse para exigir la anhelada solución definitiva a su situación a fin de obtener un retorno seguro o la reubicación a un hogar definitivo que, finalmente, los saque del estatus de desplazados permanentes en el que viven desde hace años… así la cosas.
