Javier Domínguez / El Sol de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, 16 de junio de 2025. — El crimen organizado en Chiapas ha comenzado a utilizar tecnologías como cámaras de videovigilancia para fortalecer su control territorial, de acuerdo con un informe del Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y del Territorio en Chiapas (Obse), conformado por más de 20 organizaciones locales.
El reporte advierte que, además del uso de dispositivos tecnológicos, se han intensificado distintas problemáticas que agravan la situación en el estado, como los conflictos derivados de megaproyectos, el incremento de la violencia de género, el endurecimiento de las políticas migratorias, las violaciones a derechos humanos de personas migrantes, la militarización del territorio, la criminalización de la protesta social y la estigmatización de las juventudes, particularmente de comunidades indígenas.
Como ejemplo reciente del uso de tecnología por parte del crimen organizado, el informe cita el operativo realizado durante la semana por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) en el municipio de Suchiate, donde fueron retiradas múltiples cámaras de vigilancia ilegales.
Los dispositivos estaban colocados en puntos estratégicos, como inmediaciones del Palacio Municipal y zonas comerciales. Tras su retiro, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su origen y posible uso delictivo.
No es la primera vez que se realiza un operativo de este tipo. En enero de este año, las mismas dependencias desmantelaron un centro de operaciones presuntamente vinculado a la delincuencia organizada, retirando más de 30 cámaras en Frontera Hidalgo y Suchiate, instaladas en postes similares a los del sistema de seguridad oficial Escudo Urbano C5.
Además, el 27 de enero, la Secretaría de Seguridad del Pueblo logró el desmantelamiento de otras cámaras en el municipio de Teopisca, confirmando un patrón creciente en el uso de videovigilancia por parte de actores criminales.
El Obse concluye que este fenómeno debe ser atendido de forma integral, con una estrategia que garantice el respeto a los derechos humanos y proteja a las comunidades vulnerables, en especial a quienes defienden el territorio, la tierra y la vida.
