Ciudad de México, 23 de mayo.- La posible aprobación de un impuesto del 3.5 por ciento a las remesas enviadas desde Estados Unidos tendría un impacto directo en las familias más vulnerables de México, advirtieron especialistas en temas económicos. Esta medida, contemplada dentro de la reforma fiscal “The One, Big Beautiful Bill”, aprobada ya por la Cámara de Representantes estadounidense y en espera de discusión en el Senado, contempla gravar las transferencias enviadas por personas migrantes que no puedan acreditar ciudadanía estadounidense o residencia permanente.
De acuerdo con estimaciones de la organización México Cómo Vamos, el 11 por ciento de los hogares mexicanos depende de remesas, pero en regiones como el sureste y occidente del país la cifra supera el 13 por ciento, y en zonas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las remesas llegan a representar más del 40 por ciento de los ingresos familiares.
Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, advirtió que el impuesto afectaría el consumo de los hogares más pobres, sobre todo en estados donde la dependencia de remesas es alta. Tan solo en 2024, México recibió 64 mil 745 millones de dólares por este concepto, cifra equivalente al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
Además del impacto económico, el cobro de este impuesto podría incentivar el uso de canales alternativos, informales y menos regulados para el envío de dinero, lo que elevaría los costos y los riesgos para las personas migrantes y sus familias. De acuerdo con un análisis de BBVA, muchos migrantes optarían por enviar dinero a través de familiares con ciudadanía, intermediarios, plataformas fintech o incluso vías clandestinas, lo que dificultaría el rastreo y supervisión de los recursos.
Víctor Gómez Ayala, economista en Finamex, señaló que este gravamen afectará principalmente a migrantes de primera generación, quienes constituyen la mayor parte de quienes envían dinero a sus familias en México y carecen de ciudadanía estadounidense. El impacto sería especialmente severo en entidades como Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca y Chiapas, que son las principales receptoras de remesas en el país.
El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos indicó que en regiones del occidente y bajío hasta el 17 por ciento de los hogares recibe remesas, mientras que en el sur la cifra es de 13.4 por ciento y en el noroeste alcanza el 12.9 por ciento. Para estas familias, las remesas representan entre el 40 y 41.7 por ciento del gasto total del hogar.
Aunque especialistas coinciden en que el impuesto no afectará gravemente a la economía mexicana en su conjunto ni reducirá de manera significativa el flujo global de remesas, sí golpeará la calidad de vida de las familias más pobres y podría provocar una diversificación de los canales de envío. BBVA advirtió que esta situación podría abrir la puerta al involucramiento del crimen organizado en las operaciones de remesas informales.
En 2024, el 99.1 por ciento de las remesas que ingresaron a México se realizaron por transferencias electrónicas, mientras que solo el 0.9 por ciento se envió en efectivo, especie o money orders. La posible aplicación de este impuesto en 2026 podría modificar estas cifras y hacer más difícil rastrear el dinero que sostiene a millones de hogares mexicanos.
Especialistas también alertaron sobre los efectos indirectos, como la reducción del consumo de la comunidad migrante en Estados Unidos y una mayor cautela en el envío de recursos, derivada de la incertidumbre jurídica y el temor a la persecución, especialmente para personas indocumentadas.
La reforma, impulsada por legisladores republicanos y vinculada a un paquete fiscal propuesto durante la administración de Donald Trump, espera su votación en el Senado. De aprobarse, entraría en vigor en 2026.
