San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- A más de 27 años de la masacre de Acteal, jóvenes, niños y descendientes de las víctimas exigieron justicia y urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir el informe de fondo pendiente sobre este crimen, ocurrido en 1997 en el municipio de Chenalhó.
Durante una manifestación realizada este jueves, las infancias herederas de la resistencia de la organización Las Abejas de Acteal señalaron que la impunidad persiste y que la violencia en sus comunidades no ha cesado. Teresa Vázquez, vocera de este movimiento, declaró que son fruto de una extinción fallida del Estado mexicano, por lo que viven como sobrevivientes de una agresión que intentó aniquilar a sus familias.
Los manifestantes demandaron la pronta resolución del caso 12.790, “Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal)”, admitido desde 2010 por la CIDH y que, pese a las pruebas presentadas, continúa sin dictamen. Recordaron que en 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de varios de los paramilitares confesos, una decisión que calificaron como evidencia de complicidad de las instituciones del Estado.
Con pancartas en las que acusaban al Estado mexicano de la masacre de sus abuelos y exigían justicia contra exfuncionarios responsables, los jóvenes señalaron directamente al expresidente Ernesto Zedillo como autor intelectual de los hechos. Cuestionaron su reciente visita a México, recordando otras masacres ocurridas durante su gobierno y acusándolo de sembrar violencia y muerte en comunidades campesinas e indígenas.
Los denunciantes revelaron que apenas el pasado 20 de mayo, una sobreviviente de Acteal fue amenazada de muerte por un paramilitar liberado hace 15 años, y responsabilizaron al Estado de cualquier agresión contra ella o su familia. Además, advirtieron sobre el aumento de sicarios en la región, el desplazamiento forzado de familias y el actuar de fuerzas armadas y de seguridad, a quienes acusaron de cometer detenciones arbitrarias y saqueos, reproduciendo el clima de terror vivido antes de la matanza de 1997.
Los familiares de las víctimas reiteraron que no dejarán de exigir justicia y que continuarán señalando a quienes, desde cargos públicos o al amparo de las armas, intentaron borrar su existencia.
