En la Mira, por Héctor Estrada ·
Ante omisiones sospechosas y la inacción prolongada de las autoridades de procuración de justicia, actualmente son al menos 293 hectáreas de la zona conocida como la “Cañada de San Fernando, Chiapas” las que presentan serias afectaciones por procesos de deforestación, lotificación y extracción ilegal de materiales pétreos, que siguen ocurriendo pese a encontrarse dentro de un Área Natural Protegida Vedada y la existencia de varias denuncias judiciales.
¿Qué sucede entonces con dicha zona forestal, considerada uno de los principales reguladores climáticos de la capital chiapaneca? ¿Y por qué las autoridades han permitido el ecocidio progresivo en el área?
A penas la semana pasada, la denuncia de un ciudadano regresó a la agenda pública lo ocurrido en dicha área natural protegida de San Fernando. El denunciante activó la cámara de su celular y documentó la apertura irregular de un camino sobre una de las laderas de la cañada para conectar con la carretera principal a una lujosa residencia que se construye impunemente en la parte alta.
El acceso, que necesitó el derribo de varios árboles para abrirse paso, tenía desde el comienzo un sello de clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), pero la construcción arriba continuaba como si nada. El sello estaba ahí, llevaba días ante la vista de todos, sin que su violación significara mayor consecuencia real.
Se trata pues de un asunto que tiene mucho tiempo desarrollándose ante la inacción gubernamental. Los anuncios ofreciendo lotes en la zona y los procesos de deforestación para abrir brechas que faciliten la comercialización del área natural se han realizado abiertamente, ante el conocimiento de las propias autoridades, sin que se haya detenido el proceso ecocida.
De acuerdo a información de asociaciones ambientalistas, tan sólo en la parte oriente elevada de la cañada se tienen registrados un aproximado 293 mil 800 metros cuadrados deforestados para la lotificación y comercialización ilegal de terrenos con fines habitacionales (más de mil 469 lotes sólo en esa zona). Además de otros predios para la construcción de lujosas residencias a mayor escala.
El problema, según dependencias ambientalistas como la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), es que, pese a la realización de denuncias formales, las autoridades de procuración de justicia estatal y federal no han ejercido hasta el momento sus facultades para aplicar operativos de seguridad y procesos penales reales contra los responsables del ecocidio en esa zona natural.
Y es que, la Cañada de San Fernando y sus inmediaciones forman parte de una importante reserva conocida como Valle Allende, que fue declarada Zona Protectora Forestal Vedada desde 1939 y elevada a Área Natural Protegida Vedada apenas el año pasado… Y no es para menos.
Con base en datos de la propia Conanp, Valle Allende representa actualmente el habitad de mil 992 especies, entre las que destacan 122 que están en alguna categoría de riesgo conforme a la «Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Además de que forma parte esencial de la subcuenca del Río Sabinal que abastece de agua a miles de familias en los municipios de San Fernando, Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal, por lo que su degradación no sólo tiene impacto directo en la regulación climática y ecosistémica, sino también en los recursos hídricos de la región.
Entonces… ¿qué intereses poderosos habrán de fondo para que las fiscalías respectivas no actúen al respeto? ¿Por qué se duda tanto en configurar el delito de ecocidio, establecido en artículo 457 del Código Penal Estatal, o aplicar las penas en materia de biodiversidad establecidas en el artículo 418 del Código Penal Federal?
Mientras tanto, hoy el avance ecocida continúa sobre la Cañada de San Fernando y Valle Allende ante el silencio de las autoridades y la falta de acciones contundentes para detener a los responsables de uno de los tantos atentados contra el medio ambiente y el bien común en Chiapas… así las cosas.
