Elegir con responsabilidad: la clave para un Poder Judicial sólido en México

Hablando de Derechos, por Guillermo Asseburg Archila ·
En toda democracia, la legitimidad del Poder Judicial radica en la confianza de la ciudadanía. Para que esta confianza exista, es fundamental que quienes aspiran a ser jueces, magistrados y ministros sean evaluados no solo por su trayectoria, sino, en el marco de la histórica oportunidad de elegirlos en las urnas, también por sus propuestas y compromiso con la justicia.

En México, el Instituto Nacional Electoral (INE) juega un papel crucial para lograr que la ciudadanía vote de forma informada, al proporcionar datos precisos sobre las y los candidatos, permitiendo a la sociedad conocer sus perfiles y sus proyectos antes de la elección.

Sin embargo, el acceso a esta información es solo el primer paso. La verdadera responsabilidad recae en la ciudadanía al tomarse el tiempo para analizar las plataformas de quienes buscan integrar el Poder Judicial. En una época donde la polarización y la desinformación pueden nublar el juicio, conocer en profundidad a cada aspirante es una necesidad. ¿Qué valores defienden hoy y cuáles han aplicado durante su trayectoria? ¿Cuál es su postura sobre la independencia judicial? ¿Han demostrado un compromiso sólido con la legalidad y la justicia? Estas son preguntas que no pueden ni deberían quedar sin respuesta antes de decidir.

Más allá de las credenciales, es esencial que la ciudadanía observe la congruencia entre el discurso y la trayectoria de los candidatos. En un país donde la impartición de justicia puede ser la diferencia entre el progreso y la impunidad, no basta con elegir por simpatía o desconocimiento. Se necesita un análisis profundo que garantice que quienes lleguen al Poder Judicial sean personas con verdadera vocación por la equidad, la imparcialidad y el respeto a la Constitución.

En este contexto, el papel del INE como difusor de información es clave, pero la responsabilidad final es de los votantes. Participar activamente en la elección del Poder Judicial es un acto de responsabilidad cívica que impacta en la calidad de justicia que México tendrá en el futuro. En nuestras manos está el poder de elegir con conciencia, de exigir transparencia y de construir un sistema judicial que realmente funcione para el bien común. ¿Estamos listos para tomar una decisión informada?

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Mamá chiapaneca, reina sin corona

A Mi Manera, por Rodrigo Yescas Núñez · En algún rincón caluroso de Chiapas, mientras el gallo apenas pensaba en cantar, ya estaba ella: la

RAYOS Editoriales 09.05.25

El país de los desaparecidos México carga hoy una de las heridas más dolorosas y vergonzosas de su historia reciente: la desaparición forzada de personas. Lo que alguna vez pudo parecer un fenómeno aislado o vinculado a contextos específicos de violencia política, hoy se ha convertido en una práctica sistemática que atraviesa al país de norte a sur, con una constancia y brutalidad que estremece. Los números hablan con crudeza. Más de 128,000 personas desaparecidas a nivel nacional, de las cuales más de 1,500 corresponden a Chiapas, un estado cuya historia de lucha y resistencia ha sido manchada por la complicidad entre el crimen, grupos armados y autoridades omisas o directamente implicadas. Entre 2019 y 2023, las desapariciones crecieron un 358% en Chiapas, afectando de forma particular a mujeres, muchas de ellas víctimas de redes de trata y explotación. Lo más alarmante no son solo las cifras, sino la normalización del horror. La desaparición forzada dejó de ser un tema de interés nacional, mientras las familias buscadoras caminan por carreteras, montes y fosas, sin el respaldo efectivo de un Estado que, si no participa, consiente. Chiapas conoce de sobra el peso de la impunidad. Desde la guerra sucia hasta los años posteriores al levantamiento zapatista, episodios como la masacre de Acteal y los desplazamientos forzados en la zona norte siguen impunes. Casos emblemáticos, como el de Antonio González Méndez, desaparecido en 1999, han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que apenas en 2024 responsabilizó al Estado mexicano. Sin embargo, la voluntad política para atender las recomendaciones internacionales sigue siendo tibia, por decir lo menos. La ausencia de instancias como el Consejo Estatal Ciudadano, previsto en la Ley Estatal de Desaparición, refleja la falta de interés gubernamental por atender una crisis humanitaria de dimensiones colosales. No puede haber justicia sin participación de las víctimas y sus familias en la toma de decisiones. Cada madre buscadora, cada familia que coloca una fotografía en una pared o en redes sociales con la leyenda “se busca”, enfrenta no solo el dolor de la ausencia, sino la indiferencia institucional. Y esa indolencia estatal es, en sí misma, una forma de violencia. Hoy, más que nunca, resulta imprescindible exigir al gobierno de todos los niveles que asuma su responsabilidad, que garantice la verdad, justicia y reparación para quienes han sido arrancados de sus hogares y comunidades. La desaparición forzada no debe permitirse en ninguna democracia ni ocultarse tras cifras oficiales y narrativas de seguridad. México no puede seguir siendo el país de los desaparecidos.

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Editorial | Señales que no se deben ignorar La reciente caída de la inversión fija bruta en México, que acumuló en febrero su séptima baja