Frontera México-Guatemala, 04 MAY.-Organizaciones criminales de México como el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) cobran “paso” y amenazan a contrabandistas guatemaltecos que trafican con alimentos como pollo, sardinas, carne de cerdo, frutas y verduras en la frontera sur.
De acuerdo con una investigación elaborada por la Policía Nacional Civil (PNC), a la que El Sol de México tuvo acceso, un improvisado papel con un sello que incluye las banderas de México y Guatemala es el pase para que los contrabandistas ingresen a nuestro país y puedan regresar a territorio guatemalteco con todo tipo de alimentos sin pagar impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y evitar los controles sanitarios.
El pase –de acuerdo con la investigación- es la prueba del pago a grupos armados que ya tomaron el control de la línea fronteriza entre Chiapas y los municipios de El Carmen y Tecún Umán, en San Marcos, El Carmen, en la Mesilla, y Huehuetenango. “Quien lo paga ingresa sin contratiempo a Guatemala”, señala la PNC.
El CJNG y el Cártel de Sinaloa, en contubernio con grupos criminales locales, estarían detrás de las extorsiones, que hasta ahora sólo se aplican a contrabandistas de alimentos, según han detectado las autoridades guatemaltecas. Además, destacan que operan sobre carreteras que unen a ambas naciones, en puntos ciegos e inmediaciones del Río Suchiate, por el que todos los días pasan mercancías y personas de uno y otro lado. Actúan a plena luz del día y a la vista de las autoridades de los dos países.
En Chiapas, la violencia relacionada con los cárteles ha aumentado desde el año 2021, cuando, de acuerdo con las autoridades mexicanas, el CJNG incursionó en municipios fronterizos que antes eran bastiones del Cártel de Sinaloa. La disputa ha provocado el desplazamiento de más de 15 mil personas y cientos de muertos y heridos.
La PNC habló con varios de los traficantes para la investigación. Uno de ellos, quien dijo que viaja a México dos veces por semana para comprar frutas y verduras, les dijo que “aunque no queramos tenemos que cumplir con los pagos que exigen los grupos armados que también se dedican al trasiego de drogas”.
Consultada al respecto, la PNC confirmó, vía correo electrónico, que se trata de grupos armados que operan en las fronteras con México. El modus operandi se basa en cuestionar a los comerciantes qué tipo de mercancía irán a comprar a México, les cobran determinadas sumas, que van de los mil y hasta los cinco mil pesos mexicanos, dependiendo del producto y la cantidad, y les entregan un comprobante de pago para que puedan ingresar de nuevo a Guatemala.
En México, organizaciones de limoneros, aguacateros y tortilleros han denunciado amenazas y extorsiones de estos mismos grupos criminales, provocando el cierre de empacadoras en estados de la República como Michoacán y que el precio de los productos se eleven para el consumidor.
Los carteles cobran una cuota mensual por protección a los productores, la cual se calcula con base en las hectáreas cultivadas o los kilogramos exportados. Quienes no hagan los pagos pueden ser secuestrados o asesinados.
Para David Saucedo, consultor de seguridad, el crimen organizado se enfoca en los comerciantes y productores de alimentos porque al tratarse de productos que pueden echarse a perder en el corto plazo, no les queda más que acceder a pagar la extorsión. “Lo comerciantes y productores tienen además la capacidad económica para pagar la extorción”, dice el experto.
De acuerdo con la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), el contrabando de alimentos en la frontera entre México y Guatemala creció 20 por ciento entre 2022 y 2023 y sólo el año pasado, se decomisaron más de 17 mil pollos vivos y más de cinco mil puercos en la frontera común.
Sin embargo, desde el año pasado, de acuerdo con la CGAB, el contrabando ha disminuido debido al cobro de “paso” por parte del crimen organizado. “La gente tampoco quiere pagar al crimen organizado”, afirma Belteton Helver Saia, quien fue jefe de la subdirección general de análisis e información antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, durante el gobierno del presidente Alejandro Giammatei.
En entrevista aseguró que en muchos casos se trata de contrabandistas que viajan por cantidades menores de alimentos por lo que no les conviene gastar en gasolina, alguno que otro trabajador que les ayude y todavía pagar una extorsión al crimen organizado. “No le puede pasar nada peor a un contrabandista que perder ganancias porque entonces ya no representa un negocio rentable, el riesgo está en que estos grupos logren cruzar la frontera e intentan imponer estos cobros en el interior del país como sucede en México”, advirtió.
