La deuda pendiente con la niñez tras las rejas
La muerte de una persona privada de la libertad, sin importar su historial delictivo, suele cerrar expedientes. Sin embargo, cuando ese fallecimiento ocurre en circunstancias que exponen las grietas de un sistema penitenciario frágil, omiso y, en ocasiones, cómplice, lo que menos debe hacerse es dar vuelta a la página.
El caso del youtuber conocido como El Coyote Consentido, recluido en el penal de “El Amate” por delitos relacionados con material de abuso sexual infantil y quien, según la organización Reinserta, continuaba agrediendo a menores de edad dentro de ese centro penitenciario, representa no solo una tragedia sino una afrenta al deber de protección del Estado.
La advertencia lanzada por Reinserta es contundente: no hay seguridad para la niñez en los centros penitenciarios de México. Y es grave. Porque se trata de espacios que, por definición, deberían garantizar el control absoluto sobre quienes ahí se encuentran, incluidos aquellos condenados por crímenes sexuales. Si estos agresores pueden seguir violentando, incluso tras los barrotes, ¿qué puede esperar la sociedad fuera de ellos?
El problema no es aislado. Reinserta ha documentado al menos cinco casos de abuso sexual infantil al interior de penales en el país. Esto no solo habla de negligencia, sino de una crisis estructural: protocolos laxos, vigilancia deficiente, personal sin capacitación adecuada y, en el peor de los casos, corrupción y complicidad.
Peor aún es que en estas mismas cárceles circulan niñas y niños, hijos e hijas de mujeres privadas de su libertad, que por distintas circunstancias conviven o residen en estos entornos hostiles, inseguros, carentes de espacios seguros y sometidos a mínimos filtros de control. La combinación es tan irresponsable como peligrosa.
Urge una revisión a fondo del modelo penitenciario mexicano en materia de protección a la infancia y adolescencia. No basta con discursos de reinserción social si ni siquiera se puede garantizar que los centros penitenciarios no sean escenario de delitos atroces contra los más vulnerables. La ausencia de protocolos específicos para agresores sexuales, de mecanismos de monitoreo efectivos y de controles internos sólidos, perpetúa una impunidad silenciosa.
La deuda institucional con la niñez en México es histórica y vergonzosa. Y mientras se sigan normalizando hechos como estos sin consecuencias estructurales, se seguirá incubando un país donde los derechos de las infancias siguen siendo vulnerados incluso bajo custodia del Estado.
No basta con que este caso se archive junto con el acta de defunción. Es necesario que encienda las alarmas y que los sistemas penitenciarios, legislativos y de derechos humanos dejen de mirar hacia otro lado.
