Ciudad de México, 08 ENE.-La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que la elección judicial del próximo 1 de junio en México podría abrir la puerta a la “influencia indebida de las élites políticas y económicas o, lo que es peor, al crimen organizado”, si no se regula la conducta de las campañas o no existe la transparencia adecuada.
Así lo señaló este martes en el artículo “¿Reformar la justicia o socavarla? La encrucijada judicial de México”, publicado en la página de la organización Open Global Rights, y escrito junto con la abogada Aloysia Sonnet , quien colabora con ella en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Las autoras advierten que la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, “ha provocado una preocupación generalizada a nivel nacional e internacional”.
“Estas reformas prometen ‘democratizar’ el poder judicial, pero ¿a qué costo?”, señalan.
Satterthwaite y Sonnet apuntan que “si bien las elecciones pueden parecer inherentemente democratizadoras, la selección judicial por voto popular exige un escrutinio cuidadoso”.
“¿Quién está calificado para postularse y quién toma esta determinación? ¿Cómo se garantizarán la competencia, el mérito y la ética, que son los criterios de referencia para la selección judicial? ¿Qué salvaguardas evitarán las influencias corruptoras de poderosos actores económicos? ¿Cómo se gestionará la transición al nuevo marco? ¿Puede un país reemplazar a casi todo su poder judicial, incluidos muchos de sus juristas más experimentados, sin dañar la calidad de su sistema legal?”, son algunas de las preguntas que plantean.
“Al descuidar estas cuestiones críticas, la reforma corre el riesgo de convertirse en un caballo de Troya, atractivo a primera vista, pero peligroso para el sistema judicial y, por lo tanto, para la sociedad en su conjunto”, enfatiza.
“Como relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, advertí de estos peligros en una comunicación formal al gobierno mexicano antes de que se adoptaran las enmiendas constitucionales. Mis preocupaciones se amplificaron debido al clima de profunda desconfianza que rodea al Poder Judicial en México”, dice el texto.
El artículo menciona que el entonces presidente López Obrador “lanzó una campaña de búsqueda de chivos expiatorios después de que el poder judicial bloqueara varios de sus programas emblemáticos”. “Durante meses, el presidente aprovechó su conferencia de prensa diaria para lanzar acusaciones contra jueces federales específicos que fueron señalados por su nombre y acusados de corrupción y tráfico de influencias. No se trataba de un método para abordar problemas reales de corrupción o ineptitud, sino de convertir a los jueces en el enemigo percibido”.
Para la relatora especial de la ONU, el problema de la reforma judicial de México es que no garantiza la independencia del poder judicial, por lo que su desmantelamiento “asesta un golpe a la protección de los derechos humanos” de los mexicanos.
En ese sentido, señala que la elección judicial permite la injerencia de poderosos actores políticos y económicos, además de que descarta el criterio de selección previo basado en el mérito, mediante rigurosos exámenes escritos y orales aplicados a las y los aspirantes,” que ponían a prueba sus conocimientos generales de jurisprudencia y derecho, así como su capacidad de razonamiento analítico, con partes de las evaluaciones realizadas de forma anónima”.
Satterthwaite, como autora principal del artículo, reconoce que si bien es cierto que aún quedaba mucho por hacer en cuanto a la corrupción y a la influencia indebida de los actores poderosos, el proceso de selección estaba dando sus frutos y el poder judicial mexicano “estaba cada vez más compuesto por las mentes jurídicas más calificadas del país”.
“En lugar de este sistema basado en competencias, el nuevo sistema requiere cartas de recomendación de vecinos o amigos. Las reformas no aclaran si se requiere alguna experiencia específica relevante o cómo se llevará a cabo la selección entre los aproximadamente 25,000 candidatos registrados para cargos judiciales (al momento de la publicación, el gobierno no ha proporcionado cifras oficiales). Otras preguntas fundamentales también siguen sin respuesta: ¿Cómo protegerá el proceso contra la influencia del crimen organizado? ¿Qué medidas se adoptarán para atraer a juristas cualificados y con suficiente experiencia? ¿Qué papel jugará la sociedad civil en el proceso?”, señala.
Considera que debido a su naturaleza, las elecciones judiciales “corren el riesgo de priorizar la popularidad sobre la imparcialidad y la competencia”, y que “sin regulaciones sobre la conducta de las campañas y sin la transparencia adecuada, abren la puerta a la influencia indebida de las élites políticas y económicas o, lo que es peor, al crimen organizado”.
“Lejos de merecer elogios internacionales, las elecciones judiciales han suscitado críticas del Comité de Derechos Humanos, y el mandato de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados ha expresado su preocupación por las elecciones judiciales, abogando por métodos diseñados para garantizar que la selección judicial se base en la excelencia profesional y el mérito”.
Además, la reforma plantea serias preocupaciones legales y prácticas por la terminación anticipada de los mandatos de más de 1,800 jueces y funcionarios judiciales, lo que viola el principio de seguridad en el cargo, que “prohíbe la destitución de jueces de sus cargos de manera arbitraria o sin causa justa individualizada” para asegurar su capacidad para desempeñar sus responsabilidades profesionales “sin temor a represalias o injerencias políticas”.
La relatora y su coautora también expresaron su preocupación por el Tribunal de Disciplina Judicial que forma parte de la reforma y cuyos integrantes serán nombrados por elección popular.
“Se otorgará al tribunal la jurisdicción para adoptar decisiones disciplinarias contra jueces basadas en conceptos vagos como haber cometido ‘actos u omisiones contrarios al interés público o a la adecuada administración de justicia’. Además, sus decisiones son inapelables ante un órgano independiente”, menciona, al tiempo que advierte que este tipo de mecanismos podrían funcionar “como herramientas de control político, intimidando a los jueces y consolidando la influencia del gobierno sobre los tribunales”.
