Por Natalie Kitroeff y Emiliano Rodríguez Mega
Ciudad de México, 01 NOV.-Un enfrentamiento entre el poder judicial y el partido en el gobierno pondrá a prueba el liderazgo de la mandataria mexicana y ofrecerá un vistazo sobre cómo ejercerá el poder.
Los presidentes se definen a menudo por su primera crisis, y la nueva lideresa de México se enfrenta a una grande: un choque de instituciones democráticas que podría trastornar fundamentalmente el país.
Por un lado está el poder judicial. Se ha manifestado enérgicamente en contra del cambio total de los tribunales que pretende llevar a cabo el partido gobernante. Los jueces federales y algunos magistrados de la Suprema Corte de Justicia argumentan que los cambios violan la Constitución y pueden poner en peligro la democracia del país.
En el otro bando está el partido gobernante, Morena. Sus líderes en el Congreso han prometido seguir adelante con sus planes a pesar de los cientos de recursos legales interpuestos ante los tribunales. Dicen que los cambios son necesarios para frenar la corrupción judicial.
La próxima semana puede presentar una gran prueba para la presidenta: la Suprema Corte de Justicia decidirá si anula o no partes clave de la medida, lo que supondrá un enfrentamiento directo entre dos pilares del gobierno que, según los juristas, apenas tiene precedentes en la historia reciente de México.
La forma en que la presidenta Claudia Sheinbaum afronte este momento permitirá saber cómo ejerce su poder y cuál es realmente su visión del país. Estas son preguntas que han rondado en la mente de muchos mexicanos desde que Morena arrasó en las elecciones de junio.
¿Perseguirá la presidenta, científica de formación y política de izquierda hasta la médula, los objetivos de su partido sin ceder un ápice? ¿O mostrará cierta flexibilidad?
¿Y cuánto control tiene realmente sobre las poderosas figuras de su propio movimiento político, que controlan ambas cámaras del Congreso y se niegan a ceder?
“Pone en juego la autoridad del ejecutivo”, dijo Ana Laura Magaloni, experta jurídica afincada en Ciudad de México. “Si no lo maneja bien podría perder control del rumbo del país”.
La reestructuración de los tribunales fue promovida inicialmente por el predecesor y mentor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Exige que casi todos los jueces del país sean electos. También los somete a la revisión de una junta disciplinaria formada por funcionarios electos, lo que los críticos temen que sea una herramienta para ejercer control político sobre el sistema de justicia.
López Obrador, Sheinbaum y sus aliados han argumentado que el rediseño ayudará a erradicar la corrupción endémica y el nepotismo en los tribunales. El Congreso lo aprobó apenas unos días antes de que terminara el mandato del expresidente en septiembre.
“Si la Corte toma una decisión y los otros poderes la desconocen, en ese momento dejamos de ser una democracia constitucional”. Pedro Salazar, académico de derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Estamos construyendo un verdadero Estado de derecho en nuestro país”, dijo Sheinbaum a la prensa en octubre, y añadió que el experimento de México “va a ser un ejemplo al mundo”.
Pero en un país que acaba de soportar uno de sus ciclos de campaña electoral más violentos de los últimos tiempos, con al menos 41 asesinatos de personas que aspiraban a un cargo público, a muchos les preocupa que hacer que los jueces hagan campaña para ser elegidos para sus cargos otorgue al crimen organizado y a los actores políticos más influencia sobre cómo se hace justicia.
Desde hace dos meses, miles de trabajadores del sistema judicial federal están en huelga para protestar contra la medida. Ya ha habido más de 500 impugnaciones legales a la medida, y varios jueces federales han fallado a favor de suspender su aprobación e implementación.
Ocho de los 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia del país dijeron esta semana que renunciarán a sus cargos en lugar de presentarse a las elecciones del próximo verano.
Hasta ahora, la presidenta y sus aliados han ignorado en gran medida las acciones legales.
En octubre, el Congreso aprobó un proyecto de ley que impediría cualquier impugnación legal de enmiendas constitucionales, como la reestructuración judicial, por motivos que no fueran de procedimiento. Después de que la mayoría de las asambleas legislativas estatales aprobaran esa medida, la presidenta la publicó en el Diario Oficial de la Federación el jueves por la noche, con lo que se convierte en ley.
Los juristas afirman que esto podría permitir a los legisladores modificar la Constitución sin ninguna revisión judicial, ni siquiera por parte de la Suprema Corte.
La próxima semana, la Suprema Corte estudiará una resolución para invalidar partes cruciales de la remodelación judicial, lo que podría desencadenar una batalla con los poderes ejecutivo y legislativo.
Si ocho de los 11 magistrados votan a favor de anular esos elementos, incluida la elección de jueces locales y federales, no podrán entrar legalmente en vigor, dijeron expertos jurídicos. Funcionarios de Morena ya han dicho que los legisladores harían caso omiso de tal fallo.
“Un juez no está por encima del pueblo de México”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa en octubre. Esta semana, calificó la resolución de la Suprema Corte como un intento inapropiado de los magistrados de legislar.
Si la Corte aprueba la resolución, la presidenta tendrá dos opciones, dicen los analistas.
Podría seguir el ejemplo de la línea dura de su partido e ignorarla. O podría hacerles caso y negociar una salida al conflicto que logre los objetivos de su partido sin rechazar la autoridad del tribunal.
Desafiar a los jueces empujaría al país a un territorio desconocido, dicen los juristas.
“Si la Corte toma una decisión y los otros poderes la desconocen, en ese momento dejamos de ser una democracia constitucional”, dijo Pedro Salazar, académico de derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Aceptar el fallo, en cambio, “distendería este conflicto”, dijo Salazar. “Sería un acto de respeto republicano”.
Sin embargo, muchos argumentan que Sheinbaum y su partido Morena tienen pocos incentivos para llegar a un acuerdo.
Sheinbaum hizo campaña prometiendo llevar a cabo el tipo de reestructuración que los legisladores aprobaron, y ganó con el mayor margen de victoria de cualquier presidente desde que México pasó a la democracia en 2000. El bloque gobernante también se aseguró supermayorías efectivas en ambas cámaras del Congreso y en la mayoría de las legislaturas estatales y gobernaciones.
“Morena ganó en las urnas y tiene derecho a cambiar cómo funciona el sistema judicial”, dijo Viri Ríos, analista política con sede en Ciudad de México. “Olvidar eso es olvidarnos de cómo funciona la democracia y es olvidarnos de lo que es una democracia”.
La reestructura también presenta un potencial botín político para los legisladores, quienes, según los analistas, podrían influir en la elección de poderosos jueces con autoridad para determinar el resultado de litigios empresariales valorados en miles de millones.
Pero desestimar la oleada de impugnaciones judiciales, y posiblemente desafiar a la propia Suprema Corte, crearía serios problemas a la nueva presidenta. Como parte de la reestructura, los votantes elegirían a unos 7000 nuevos jueces a lo largo de dos años, una tarea enorme que podría resultar cara y difícil de organizar.
“Morena ganó en las urnas y tiene derecho a cambiar cómo funciona el sistema judicial. Olvidar eso es olvidarnos de cómo funciona la democracia y es olvidarnos de lo que es una democracia”. Viri Ríos, analista política
Llevar a cabo ese proceso al tiempo que se hace frente a cientos de impugnaciones de la propia ley restaría energía al resto de la extensa agenda de la presidenta, incluidas sus promesas de frenar la violencia desenfrenada de los cárteles de la droga e impulsar una transición hacia las energías limpias.
Pero quizá el mayor riesgo, según los analistas, sea el daño a la reputación de México si se convierte en un país donde las sentencias de la Suprema Corte no tienen sentido.
“Hay riesgos muy grandes, sobre todo en términos de cómo es percibido esto por distintos actores, y muy particularmente por los mercados, por los inversionistas, por los empresarios y por Estados Unidos”, dijo Blanca Heredia, analista política en la Ciudad de México. “No habrá seguridad jurídica para la inversión”.
Por ahora, una sombra se cierne sobre la abogacía del país. Leticia Bonifaz, profesora de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que la próxima generación de abogados ya está empezando a preguntarse si sus carreras tendrán algún valor en un futuro próximo.
“Ya tengo a algunos tesistas diciendo: ‘maestra, yo ya no quiero seguir escribiendo la tesis porque ya no le veo sentido’”, dijo Bonifaz. “Imagínate qué siento. Y cómo le digo: ‘vale la pena’”.
