Este miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular de lo no reservado, con 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención, el dictamen sobre la supremacía legislativa propuesto por Morena, que establece la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas constitucionales.
El proyecto, que fue aprobado ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales, reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución.
Durante la discusión, la oposición reclamó a los partidos del oficialismo la premura por aprobar la iniciativa y la violación de los procesos legislativos.
La diputada y ministra en retiro de la Suprema Corte, la morenista Olga Sánchez Cordero, sostuvo que esta reforma busca fortalecer el poder soberano del pueblo al “constitucionalizar el artículo 61 de la Ley de Amparo”. Según Sánchez Cordero, la reforma pretende rescatar el poder de decisión del pueblo, permitiendo que se garantice la continuidad de las reformas constitucionales sin intervención judicial que limite el ejercicio democrático.
Además, argumentó que la iniciativa no atenta contra los derechos humanos, sino que busca diferenciar entre las distintas vías legales como el juicio de amparo y las controversias constitucionales.
En contraste, el PAN expresó fuertes críticas. La diputada Annia Gómez consideró la reforma como una “regresión histórica”, advirtiendo que debilitará la capacidad de los ciudadanos para cuestionar abusos de poder, afectando la separación de poderes.
Por su parte, su compañero de bancada, el diputado Fernando Torres Graciano, señaló que México atraviesa una “crisis constitucional” y advirtió que la reforma pone en riesgo el equilibrio de poderes, insistiendo en la importancia de proteger los mecanismos de defensa judicial contra posibles abusos legislativos.
Desde el PVEM, la diputada Ruth Silva subrayó que el Poder Legislativo es el único órgano con facultad para modificar la Constitución, y resaltó que la reforma es necesaria para evitar que “intereses particulares” bloqueen las decisiones del Congreso mediante el uso de amparos y controversias judiciales.
En representación del PT, la diputada Lilia Aguilar enfatizó que los mecanismos de amparo y controversia se mantendrán y criticó que la Suprema Corte interprete la Constitución en formas que, según ella, contradicen la voluntad popular.
Por otro lado, el PRI y MC mostraron su oposición tajante. El diputado César Domínguez, del PRI, calificó la reforma como un “retroceso” en la protección de los derechos humanos y advirtió sobre una tendencia autoritaria que, según él, vulnera la independencia de las instituciones. En tanto, Sergio Gil, de MC, acusó a la mayoría legislativa de precipitar una reforma que encamina a México hacia el autoritarismo y que, a su juicio, podría abrir la puerta a la reelección o un gobierno centralista.
El 27 de octubre, el Senado envió la minuta a San Lázaro para su discusión en comisiones, donde fue aprobada al día siguiente con 30 a votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones.
