Ciudad de México, 25 SEP.-La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) finalmente está cerca de concretarse.
Pese a las advertencias de organismos como Amnistía Internacional.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, la controversial reforma constitucional solo necesita ser aprobada en 17 congresos locales para ser promulgada.
Hasta el momento de redactar esta nota, ocho de las 17 Legislaturas estatales necesarias ya avalaron la reforma de AMLO.
La madrugada de este miércoles la mayoría de Morena y aliados en el Senado aprobaron la reforma para el paso de la Guardia Nacional a la Sedena.
Organismos como Amnistía Internacional lamentaron la decisión porque significa un riesgo para la defensa de los Derechos Humanos en México.
“Que la Guardia Nacional (GN) sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha adquirido México”, expresa Amnistía Internacional.
La adscripción de la GN a la Sedena va en contra de lo mandatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, señala la organización.
Esto porque no se estaría empleando la participación de fuerzas armadas de manera “extraordinaria, excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario”.
Tampoco se estaría subordinando a fuerzas policiales civiles ni fiscalizando adecuadamente. Por el contrario, su utilización sería de forma permanente.
“La respuesta frente al debilitamiento de las policías civiles no puede ser su remplazo por las Fuerzas Armadas”, advierte Amnistía.
“Además, la permanencia de Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana puede conllevar una potencial comisión de violaciones graves a derechos humanos”.
Para el organismo internacional, una reforma a la Guardia Nacional – creada en el gobierno de AMLO para reemplazar a la Policía Federal – debe seguir los siguientes parámetros:
Realizar una revisión de la participación gradual y ordenada, bajo mandos civiles, de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Asegurar el fortalecimiento de las capacidades de sus cuerpos policiales, a través del fortalecimiento de sus conocimientos en seguridad ciudadana.
Dotar de recursos económicos a los policías.
“Conforme a lo establecido en estándares internacionales de derechos humanos, las labores de las Fuerzas Armadas no pueden extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial”.
“Por lo que la aprobación de la iniciativa mencionada atentaría contra lo establecido en dichos estándares”.
Reacciones a paso de la Guardia Nacional a Sedena
Una de las reformas más polémicas del sexenio de AMLO, aprobada en la Legislatura pasada pero declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es el paso de la Guardia Nacional a la Sedena.
Varios organismos internaciones, de Defensa de los Derechos Humanos, políticos de oposición y sociedades civiles alertaron de los riesgos que representa militarizar un cuerpo de seguridad pública.
Tras su aprobación en el Senado, las reacciones en contra – y a favor – han circulado con rapidez en redes sociales y medios de comunicación.
