Ciudad de México, 24 SEP.-En las morgues del país hay más de 72,100 cuerpos sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, sin que el gobierno les haya restituido el nombre. En una nación con 115,000 personas desaparecidas, un gran número podrían estar siendo buscadas por sus familias sin saber que yacen olvidadas en una fosa común o en un refrigerador mortuorio bajo la tutela del Estado.
Este rezago en la identificación de cuerpos por parte de las instituciones, denominado “crisis forense”, condena a miles de familias a transitar de morgue en morgue para descubrir pistas que conduzcan a sus seres queridos. Revisan cientos de fotografías de cuerpos marcados por la violencia. Es como “estar en el inframundo”, dice José Ugalde, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). “Son cuerpos mutilados con saña que te dejan sin comer diez, quince días. Que te dejan con pesadillas. No hay apoyo psicológico”.
De los 72,172 cuerpos sin identificar registrados desde 2006, el 48% (34,699) llegaron a las morgues durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, entre 2019 y 2023, pese a que devolverles su identidad y regresarlos a sus hogares era, según dijo, “la principal prioridad” de su gobierno, junto con la búsqueda de las personas desaparecidas.
Este lunes, López Obrador visitó Matamoros para inaugurar un monumento dedicado al revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez. Una misión ordenada por el presidente en 2022, con un costo de más de 9.5 millones de pesos, permitió hallar un fragmento de hueso del periodista tamaulipeco en una isla de Bocas del Toro, Panamá, donde murió en combate en 1895, y lograr su identificación, según una investigación de Animal Político. A diferencia de lo ocurrido con el opositor a la dictadura de Porfirio Díaz, a quien el mandatario dedicó un libro biográfico, para decenas de miles de cuerpos no ha habido recursos ni personal que haga posible establecer su identidad.
En el actual sexenio han desaparecido 51,791 personas, el 44.8% de las 115,591 víctimas de esta tragedia. Los datos oficiales muestran que desde el inicio de la administración de AMLO desaparece, en promedio, una persona cada hora. El número supera a las 32,885 víctimas registradas en el periodo de Enrique Peña Nieto, y triplica a las contabilizadas en el gobierno de Felipe Calderón, que sumaron 16,931.
Desde que Calderón ordenó la “guerra contra las drogas” en diciembre de 2006, la crisis forense ha ido en aumento. Miles de cuerpos, 10,185 (14%), que ingresaron como desconocidos a los Semefos durante el sexenio del panista, entre 2007 y 2012, siguen sin recuperar su identidad. El rezago forense de la administración del priista Peña Nieto es de 19,680 (27%) cuerpos sin nombre, correspondientes al periodo 2013-2018.
Estas inéditas cifras de cadáveres que permanecen sin identificar, obtenidas por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos mediante solicitudes de transparencia enviadas a las 32 instituciones forenses del país —solo la Fiscalía General del Estado de Morelos se negó a responder— y a la Fiscalía General de la República (FGR), abarcan los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador.
Los datos muestran que 13,272 cuerpos NN (No Nombre, en lenguaje forense), cerca de una quinta parte del total, llevan más de una década sin ser identificados. Desde 2014, el rezago forense se ha incrementado año tras año: 2023 estableció un récord, con 8,139 víctimas anónimas.
En 2020, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos revelaron por primera vez la magnitud de la crisis forense: entre 2006 y 2019 pasaron por los Semefos del país 38,891 cuerpos sin identificar. Un año más tarde, el MNDM, que agrupa a más de 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas, actualizó el número a 52,004 cadáveres que fueron recibidos por el Estado, pero se quedaron sin nombre. Los datos muestran que, en apenas tres años, de 2020 a 2023, hubo un incremento del 39% de cuerpos NN.
La incertidumbre de que entre las víctimas pueda estar el familiar desaparecido “es una tortura psicológica”, dice Ugalde, quien localizó sin vida a su hijo José Esaú Ugalde Vega tres meses después de su desaparición en septiembre de 2015. “Es un tema terrible. Una desesperación, un dolor, una rabia y un coraje”.
En algunas ocasiones, esta tragedia alcanza visibilidad mediática, como ocurrió con el caso de Virginia de la Cruz, quien el pasado 11 de julio denunció ante el Congreso de Zacatecas que, durante ocho meses, el Semefo no le avisó que tenía el cuerpo de su hijo José Alejandro de la Cruz López. El cadáver del joven de 21 años estuvo bajo su resguardo desde noviembre de 2023, cuando se reportó su desaparición.
La crisis forense en México refleja una cruel paradoja: personas que buscan a quienes el gobierno ya encontró. Las historias incluyen a jóvenes cuyos cuerpos fueron extraviados por las autoridades en una fosa común —como pasó con el adolescente Cosme Humberto Alarcón Balderas en Coahuila y la joven Gemma Mávil Hernández en Veracruz— o donados a universidades para que sus estudiantes de Medicina hagan prácticas, y a madres que han recibido incompletos los restos de sus hijos —como Nancy Bustos, quien descubrió en un pozo de la localidad Ojo de Agua, en Jalisco, el cráneo de Óscar Eduardo Núñez Bustos, que los peritos no habían encontrado—, o los han tenido que recuperar por fragmentos tras revisar cientos de fotografías y exigir que se realicen las pruebas necesarias —como Lupita, también de Jalisco, que reunió hueso por hueso los restos de su hijo tras consultar los registros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)—.
Atender el rezago y las malas prácticas en la identificación de cadáveres podría dar respuesta a miles de familiares de personas desaparecidas, como Luz Aidé Ochoa Zárate, quien sospecha que uno de los cuerpos enterrados en fosas comunes de cementerios municipales a los que la autoridad no ha devuelto el nombre pertenece a su hijo Jordan Yahir.
El joven de 19 años fue desaparecido junto con su hermano menor Jocksan Gabriel Hernández Ochoa por policías estatales en Cardel, Veracruz, en septiembre de 2015. Tras años de búsqueda, en noviembre de 2023 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó a Ochoa que el cuerpo de Jocksan había sido encontrado cinco meses después de que fue denunciada su desaparición. Aunque la institución contaba con muestras de ADN de familiares del estudiante de 18 años, lo mandó a una fosa común del panteón municipal de Actopan.
Jocksan salió del anonimato por casualidad, pues su cuerpo fue exhumado mientras la fiscalía investigaba otro caso. Por eso, Ochoa cree que en esa misma fosa podría estar Jordan Yahir. “Yo luego voy a Xalapa y ando preguntando, porque yo ya no quería esperar más tiempo, porque a mi hijo [Jocksan] ora sí que lo encontraron muy rápido de su desaparición, a los meses, y tardaron muchos años para que él pudiera regresar. O sea que me pudieron haber evitado todo ese sufrimiento”, dice la mujer.
Desde diciembre de 2023, Ochoa solicitó a la fiscalía estatal que busque a Jordan Yahir en la misma fosa en que hallaron a su otro hijo. Las autoridades le respondieron que están exhumando más cuerpos de ese lugar, pero las familias buscadoras veracruzanas no han sido informadas. “No tengo la certeza de si realmente están trabajando”, dice la madre, quien es integrante del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz.
