Ciudad de México, 24 SEP (Proceso).-El fracaso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, el cual prometió resolver cuando fue candidato, es una de las consecuencia del acelerado proceso de militarización que vivió México a lo largo del sexenio, asegura el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre.
“Creo que los militares ganaron la partida”, dice el abogado a Proceso al referirse a la impunidad que prevalece en el caso y a la negativa del Ejército a entregar toda la información en su poder sobre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando se produjo la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en un hecho perpetrado por delincuentes coludidos con policías y algunos militares en esa ciudad.
A unos días de que se cumpla el décimo aniversario de la desaparición de los normalistas, Aguirre señala que al inicio del sexenio las investigaciones avanzaron en la dirección correcta, con la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y el regreso a México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Pero es cierto que cuando la investigación empezó a topar con pruebas objetivas de la colusión militar con la criminalidad organizada, de elementos del Ejército muy en específico, la investigación fue perdiendo apoyo y creo que, en la mesa, ganó la posición militar”, asegura.
Para el maestro en derechos humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el incumplimiento de la promesa de López Obrador de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas no se puede entender sin la militarización del país.
Dice que el presidente se fue apoyando cada vez más en el sector castrense y acabará su sexenio “con los militares muy empoderados”. Tanto, que son la única voz que el mandatario escucha en todos los temas de seguridad e inteligencia.
“No había otras perspectivas con la que se contrapesara la visión militar que se colocaba en las discusiones de justicia y seguridad y de temas estratégicos”, dice el director del Centro Prodh, una de las organizaciones sociales a las que López Obrador ha descalificado de manera recurrente desde las “mañaneras” por alertar sobre los riegos de la militarización.
Aguirre valora el trabajo realizado por Alejandro Encinas al frente de la CoVAJ y por el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quienes dejaron esos cargos en 2022, luego de que los militares incumplieron la orden del presidente de entregar a los investigadores toda la información que tuvieran sobre la desaparición de los estudiantes.
Otro sexenio de impunidad
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no sólo ocultó los archivos más sensibles del caso Ayotzinapa (Proceso XI, mayo de 2024), sino que inició una persecución judicial contra Encinas, un cercano colaborador de López Obrador que además fue espiado con Pegasus por el Ejército, y Gómez Trejo se refugió en Estados Unidos.
Aguirre señala que el equipo que conformaron Encinas, Gómez Trejo y los expertos del GIEI (la hoy ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, y el médico español Carlos Martín Beristain) dio resultados al comienzo del sexenio al lograr identificar los restos de dos normalistas en un sitio distinto al basurero de Cocula, donde según la ya desacreditada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron incinerados los 43.
Además, las investigaciones de esa etapa condujeron al procesamiento de funcionarios judiciales de Peña Nieto que torturaron a delincuentes para que ajustaran sus declaraciones al guion de la “verdad histórica”, que según exintegrantes del GIEI fue construida para proteger a militares involucrados en la desaparición de los normalistas por acción u omisión.
–¿El caso Ayotzinapa, el incumplimiento de la promesa del presidente de esclarecerlo, es un indicador del poder que llegaron a tener los militares en este gobierno? –se le pregunta a Aguirre.
–Así lo pondría, sí, yo creo que el desenlace que está teniendo a fin de sexenio el caso muestra que, efectivamente, las Fuerzas Armadas vienen empoderándose progresivamente, que son renuentes a rendir cuentas, que no les gusta la supervisión civil. La evidencia que se reunió muestra también que algunos de sus elementos en territorio son permeables a la corrupción, y que están lejos de esta suerte de incorruptibilidad que les atribuye el gobierno.
–¿Y esto qué representa para el país?
–Es una alerta –dice el director del Centro Prodh–. Todo el esfuerzo que se emprendió era para que el caso Ayotzinapa cerrara este sexenio como un ejemplo de que las cosas pueden ser diferentes y de que en México puede haber justicia. Pero tristemente el caso acaba como un ejemplo de que son reales las alertas que se han levantado por el fortalecimiento del poder militar, de que no son exageraciones, no son ideología, no es algo infundado.
–¿Es un ejemplo también de la opacidad militar?
–Sí. Tenemos ahí un reducto de reticencia a la rendición de cuentas. Y los papás y mamás de los 43 no lucharon por eso, no, ellos no querían que su caso ejemplificara este fenómeno. Querían justicia y verdad, pero es cierto que termina mostrando este empoderamiento militar al término del sexenio.
–El exsubsecretario Encinas –se le plantea a Aguirre– ha sido muy enfático en que los militares tenían la instrucción presidencial de abrir sus archivos no sólo sobre el caso Ayotzinapa, sino también a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1965-1990. Y no lo hicieron.
–Sí, cómo no. El decreto presidencial (que crea la CoVAJ) ahí está, está firmado, establecía un plazo perentorio para entregar información.
–¿Eso quiere decir que los militares desobedecieron al presidente en los dos casos?
–La desobediencia se le atribuye a los individuos, aquí lo que tenemos es que la institución militar en su conjunto no acató la instrucción presidencial.
–¿El fracaso en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa muestra lo que fue la política de derechos humanos de López Obrador este sexenio?
–La muestra en el sentido de que hubo un impulso inicial positivo, que no duró todo el sexenio, que se acabó más o menos a la mitad, y que el gobierno está terminando con una deriva muy preocupante en materia de derechos humanos. Por la militarización innegable, por la continuidad de la violencia y por las desapariciones, que están en un nivel altísimo y que, lejos de reconocerse al final del sexenio, están siendo objeto de manipulación de cifras.
Paradojas del humanismo lopezobradorista
Aguirre sostiene que otros puntos negativos de la política de derechos humanos de López Obrador son la reforma judicial, que no toca a las fiscalías, las cuales son las principales responsables del gran problema de impunidad, y la captura partidista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
También, el maltrato a los migrantes. “Lo que pasó en Ciudad Juárez en la estación migratoria (un incendio en el que murieron al menos 40 migrantes el 27 de marzo de 2023) es una de las grandes tragedias del sexenio”, dice Aguirre, y señala que esta “retórica constante” de López Obrador contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, y las organizaciones defensoras de derechos humanos “tampoco ha ayudado”.
–¿Es discurso de que un complot internacional contra el Ejército mexicano es equiparable, como piensan muchos padres de los 43, a la “verdad histórica” de Peña Nieto? –se le pregunta al director del Centro Prodh.
–No es bueno equiparar –responde–. Pero las autoridades que tienen la responsabilidad primigenia en una investigación hacen más daño cuando dicen mentiras. Digamos que a esta administración le tocó ya un problema que había iniciado en la administración previa, y sí hubo un impulso inicial en la investigación, pero no duró todo el sexenio.
Lo más grave, para Aguirre, es que “al final, la Presidencia de la República no respaldó la posición de las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino más bien la posición militar”.
–¿Pero cuál es entonces el propósito de este discurso del presidente de que hay una campaña internacional contra el Ejército? ¿Es un recurso que busca distraer del hecho de que el presidente incumplió su promesa de esclarecer el caso? –se le plantea a Aguirre.
–Es un desvío de atención –dice–. El reporte que presentó el presidente (el pasado 8 de julio, en el que exculpa al Ejército de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a pesar de las evidencias de que militares permitieron que se los llevara el grupo criminal Guerreros Unidos) es una pieza de retórica muy lamentable, que ni siquiera sería digna de comentar si no es porque está firmada por el presidente de la República,
Es –señala el activista humanitario– una versión fuera de la realidad, porque lo que plantea es que la víctima del caso es el Ejército, y que lo es por una especie de conspiración internacional para debilitarlo, para que Estados Unidos intervenga más en México. Bueno, basta oír a los papás y a las mamás de los normalistas desaparecidos para saber que eso es un infundio que no tiene ni pies ni cabeza.
–¿Es un infundio como los que suele usar el presidente cuando las cosas no le salen bien?
–Claro. Cuando no hay el resultado esperado, lo que se propone desde el poder es un distractor y atribuir responsabilidades a actores que en realidad están contribuyendo al esclarecimiento.
–¿Usted cree que esta decisión del presidente de cerrar filas con los militares y dejar sin esclarecer, como lo prometió, el caso Ayotzinapa, le pasará cuentas en una perspectiva histórica?
–Creo que en el largo plazo va a ser una decisión que va a tener consecuencias si no se adoptan controles civiles más robustos sobre las Fuerzas Armadas. Hoy, con la aprobación de la reforma de la Guardia Nacional (para que pase a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional) se está tomando una decisión de ir por un camino que, a nuestro juicio, no es el ideal, que es cerrado.
–La famosa opacidad castrense…
–Sí, pero ahora lo menos que podemos demandar es que haya controles civiles robustos a las Fuerzas Armadas y que no se siga con el formato de cheque en blanco que ha prevalecido. Porque en el Ejército hay gente honesta, que hace bien su trabajo, pero también hay otros que se corrompen, que violan derechos humanos, y cuando eso ocurre suele privar un espíritu de cuerpo que impide la rendición de cuentas.
“Entonces –agrega Aguirre– es muy importante que haya controles civiles externos. Los que había se están inhibiendo, porque les da temor ejercer a cabalidad sus facultades, porque ven un Ejército cada vez más empoderado, y esto también es algo político. El fiscal que tiene que ir a investigar a un mando militar en un hecho de derechos humanos y está oyendo todo el tiempo que el Ejército es intachable, pues se autocontiene, le da miedo, se autoinhibe”.
