INCREMENTA violencia contra migrantes, trata alcanza dimensiones preocupantes

Javier Domínguez. 

20 de septiembre del 2024. Tuxtla Gutiérrez.- De acuerdo con el informe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2023 México registró más de 300,000 eventos de migración irregular, incluyendo detenciones, deportaciones y solicitudes de refugio, una cifra que muestra un incremento significativo en comparación con años anteriores.

Con estas cifras, “Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados” (SMR) expresó la necesidad urgente de políticas públicas efectivas y humanitarias para proteger a las personas y combatir delitos cometidos en contra de las personas en movilidad migratoria.

Destacó la necesidad de que exista coordinación entre el gobierno y la sociedad civil para ofrecer una mayor seguridad y dignidad a quienes se encuentran en tránsito por México.

De acuerdo con estos registros, existe un aumento de la violencia contra las personas en movilidad, esto acompañado de una compleja documentación de estos delitos debido a la fluctuación en las denuncias y al temor de represalias.

Entonces esto deriva en la no continuación de quejas o denuncias y promueve la impunidad.
En este contexto, la organización consideró al delito de trata de personas como uno que ha tomado una dimensión preocupante.

Adicionalmente, el informe mensual de la Unidad de Política Migratoria para el primer semestre de 2024 documenta 46 delitos contra migrantes, incluyendo secuestro, robo y trata de personas.

La mayoría de las víctimas provienen de América Central, con un notable número de casos en Ciudad de México, Chiapas y Quintana Roo. Los informes indican que, a pesar de un aumento en la judicialización de estos delitos, la impunidad y la falta de protección efectiva para las víctimas persisten.

La trata de personas es una violación grave de los derechos humanos que perpetúa un ciclo de explotación y violencia. Las políticas públicas deben enfocarse en mejorar la protección de los migrantes, garantizar la justicia para las víctimas, y coordinar esfuerzos entre gobierno y sociedad civil para combatir esta crisis.

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