De nueva cuenta, la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un espacio para la difusión de datos personales de periodistas y ciudadanos.
En su intervención de este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, mostró nombres de periodistas y colaboradores de Latinus, a quienes vinculó con presuntos movimientos bancarios y pagos entre 2020 y 2024.
Gómez detalló registros de 23 personas físicas y morales con presuntos ingresos recibidos desde tres empresas que la UIF relaciona con Latinus. En ningún momento de su exposición, el titular de esta oficina hizo una presunción de inocencia, ni reservó los nombres y apellidos de los periodistas y ciudadanos.
En redes sociales, funcionarios como Jesús Ramírez y Jenaro Villamil replicaron esta información y asumieron como verdadero todo lo que expuso Pablo Gómez, mientras que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también validó la información de la UIF y no condenó la publicación de los datos de periodistas, ciudadanos y empresas privadas.
Esta no es la primera vez que la conferencia matutina sirve para exhibir datos privados de periodistas. En febrero de 2022, López Obrador mostró una serie de documentos con los presuntos ingresos y datos personales del periodista de Latinus Carlos Loret de Mola.
Para entonces, Latinus ya había revelado los videos de Pío y Martín, hermanos de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero clandestinamente; los contratos con Pemex de su prima Felipa; las casas de Bartlett, y el conflicto de interés de su hijo José Ramón López Beltrán, quien vivió en una mansión de Houston, Texas, propiedad de un alto funcionario de una empresa proveedora de Pemex.
Después de esa exhibición de datos en febrero de 2022, la organización Artículo 19 condenó el “discurso estigmatizante” de López Obrador en contra de la prensa. Incluso, pidió al presidente abstenerse de seguir con los ataques.
Lo mismo hicieron legisladores, activistas y organismos como el INAI. En agosto de 2022, el pleno del INAI determinó que existían elementos para sancionar al presidente por la difusión de los datos personales de Loret de Mola.
Al presidente no le han importado las críticas y desde la conferencia matutina sigue fomentando la divulgación de datos personales.
En abril de 2022, López Obrador volvió a hacerlo y aseguró que Loret de Mola tenía un departamento en Miami, Florida, así como 13 propiedades. Incluso, el mandatario informó la presunta ubicación de estas y las calles o localidades en las que se encuentran.
Dos años después, en febrero de 2024, López Obrador divulgó en su conferencia el número celular de una reportera del diario The New York Times, quien publicó un reportaje sobre la supuesta financiación del narcotráfico en su campaña electoral de 2018.
En mayo pasado, la administración de López Obrador volvió a revelar datos y documentos personales, ahora de la analista María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a quien Pemex acusó de corrupción por presuntas irregularidades en el cobro de la pensión de su esposo.
En este caso, a través de las redes sociales y de la página oficial del gobierno federal se divulgaron más de 300 documentos de Casar y de su familia, entre ellos recibos de pago, títulos universitarios, historiales académicos, documentación bancaria, y actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción.
