Ciudad de México, 25 ABR.-Un Tribunal Federal confirmó la sentencia absolutoria a favor de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, por el delito de ejercicio indebido de la función pública en el caso de La Estafa Maestra. Con ello concluye el proceso judicial en su contra que comenzó en 2019 por una acusación administrativa.
Esto porque la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz, no le imputó algún delito relacionado con el desvío de recursos públicos, pese a que ella fue titular de una de las 11 dependencias que desviaron al menos 3 mil millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Se trató del esquema en el que las dependencias hicieron convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios, tan variados como distribución de medio millón de despensas para la Sedesol, que trabajos en ductos de Pemex o digitalización de documentos para el FOVISSTE, pero éstas subcontrataron a casi 200 empresas que resultaron ser fantasma y, por lo tanto, el dinero público desapareció, como reveló la investigación periodística La Estafa Maestra, realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción.
La Fiscalía fincó el delito de ‘ejercicio indebido de la función pública en su modalidad de omisión’ argumentando que durante su gestión en la Sedesol y la Sedatu, Robles “no impidió” el esquema de desvío de recursos públicos al no informar a su superior de las irregularidades que la Auditoría había detectado desde 2014, es decir, al presidente Enrique Peña Nieto; y porque no dio órdenes de detener los convenios con las universidades públicas.
Justamente porque la acusación era por un asunto administrativo, la FGR limitó las pesquisas únicamente en esa arena. De ahí que la Fiscalía jamás investigó cuentas bancarias de las empresas fantasma, ni la cadena de mando dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto que permitió la salida de miles de millones de pesos hacia empresas de papel.
Tampoco rastrearon las cuentas en el extranjero donde las empresas fantasma enviaron recursos públicos y que fueron descubiertas por funcionarios de la Auditoría durante la gestión del anterior auditor, Juan Manuel Portal, y que fueron despedidos en la gestión del actual titular, David Colmenares.
Esto incumplió la promesa de Gertz hizo al inicio de su gestión, pues dijo que La Estafa Maestra sería investigada como “delincuencia organizada”, debido a la naturaleza del sistema de desvío.
Aunque abrió una docena de juicios en contra de funcionarios menores, se han tratado de manera aislada, investigando solo la participación de exfuncionarios en convenios en específico, en una firma o en un procedimiento en una universidad, sin considerar la trama completa.
Tampoco inició acusación alguna contra exsecretarios de Estado que encabezaban las otras 10 instituciones donde ocurrieron los desvíos. La única acusada fue Robles.
En este esquema, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda liberó recursos públicos durante todo el sexenio de Peña Nieto para este tipo de convenios entre al menos 11 dependencias y universidades, pese a que la Auditoría señaló irregularidades en ello desde 2014.
Mientras que una centena de funcionarios públicos de las 11 dependencias y universidades participaron en la firma de convenios.
Aunque Animal Político sólo se concentró en investigar dos años de este tipo de convenios por 7 mil millones de pesos, durante todo el sexenio ocurrieron decenas de estos acuerdos que sumaron más de 45 mil millones de pesos.
La resolución
Por unanimidad de votos, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la sentencia absolutoria emitida en favor de Rosario Robles.
La decisión se tomó a propuesta del magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez, quien propuso rechazar un amparo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había interpuesto para combatir dicha resolución. La institución que durante la gestión de Juan Manuel Portal detectó las primeras irregularidades.
El 24 de febrero de 2023, el juez Roberto Paredes Gorosrieta, del Reclusorio Sur, decretó el sobreseimiento de la causa penal abierta en contra de Rosario Robles por el delitos de ejercicio indebido de la función pública, decisión que tuvo efectos de sentencia absolutoria, razón por la cual la ex funcionaria quedó en libertad.
Esta sentencia fue apelada por la Fiscalía General de la República (FGR), razón por la cual el asunto llegó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que el 30 de noviembre de 2023 resolvió confirmar la sentencia del juez de control.
Precisamente, en desacuerdo con esta resolución, el director general jurídico de la ASF promovió un juicio de amparo directo 1/2024 como su último recurso para intentar impugnar la absolución de Robles, misma que fue rechazada por unanimidad de votos este jueves.
La Estafa Maestra
El esquema de La Estafa Maestra consistió en que 11 dependencias del gobierno federal hicieron convenios con ocho universidades públicas por 7 mil 670 millones de pesos, entre 2013 y 2014, para hacer supuestos servicios.
Esto ocurrió gracias a la utilización de la excepción del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que regula las compras con recursos federales; dicha excepción permitía sustituir las licitaciones por convenios entre entidades de gobierno para la realización de algún tipo de servicio, sin estar sujetos a las reglas de la ley referida. En este caso, las universidades eran los entes “contratados”, pero los servicios nada tenían qué ver con su labor sustantiva de educación o investigación.
Las universidades, a su vez, subcontrataban hasta 98% del monto de los contratos —lo que contravenía la limitante del artículo 1 de la propia Ley de Adquisiciones y del artículo 4 del Reglamento de esa misma ley, que establecía un máximo de 49% de subcontratación con terceros—, y a través de 186 empresas que resultaron ser ilegales o fantasma y, por lo tanto, el dinero público desapareció y los servicios no se hicieron.
La única funcionaria de alto rango acusada fue Rosario Robles, quien inició su proceso el 9 de agosto de 2019 por el delito de “ejercicio indebido de la función pública”. Pese a que este delito no amerita prisión preventiva oficiosa, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna —sobrino de la exlegisladora Dolores Padierna— decidió imponer a Robles dicha medida cautelar de manera “justificada”, luego de que la FGR argumentó un supuesto “riesgo de fuga”. Por ello, fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla el 13 de agosto de 2019.
Entre las principales consideraciones expuestas por los fiscales, estuvo una licencia de conducir supuestamente localizada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), el órgano de inteligencia de la FGR, en la que Robles documentó una dirección distinta a la que registró para su localización ante la autoridad judicial.
Esto, dijo el juez, significaba una discrepancia determinante para ser localizada y, por tanto, existía riesgo de fuga; además, señaló una contradicción de su defensa sobre el motivo del viaje al extranjero en el que estaba la exfuncionaria cuando recibió el citatorio, pues un abogado dijo que era por vacaciones y otro por un curso. Robles tampoco tenía arraigo en la Ciudad de México por no tener empleo en ese momento y por tener una “red” de amigos que podrían ayudarle a escapar.
En septiembre de 2020, la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) confirmó la existencia de una sola licencia legal, y reconoció que un “presunto uso ilegal” del trámite permitió la falsificación de un segundo documento.
Robles finalmente salió de prisión en agosto de 2022 por decisión de la Fiscalía General de la República. En el comunicado donde informó el hecho, la institución explicó que Robles solicitó un cambio de medida cautelar y un juez de control aceptó la petición. Por ello, Robles podrá seguir en libertad su proceso penal.
