Ciudad de México, 25 FEB.-La construcción de siete tramos del Tren Maya está bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación, pues se tiene detectado un probable daño al erario público por al menos 785 millones de pesos, eso hasta el año 2022, es decir, aún falta fiscalizar el último año y medio de las obras, de 2023 a la fecha.
Al inicio del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha su idea de construir una línea ferroviaria que uniera Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y condenó que se hayan concedido amparos para suspender las obras por falta de dictámenes de impacto ambiental, proyecto ejecutivo y plan de negocios, entre otros faltantes,
Ahora los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022 realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y entregados a la Cámara de Diputados por el auditor David Colmenares, dan cuenta de que, la ausencia de planeación y permisos, junto con deficiencia de supervisión, permeó los trabajos de esa infraestructura y generó pagos indebidos, compras de predios que no se utilizaron y pago de trabajos innecesarios, entre otras fallas.
Todo ello derivó en el inicio de 16 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de funcionarios públicos (PRAs) que son presuntamente responsables de las anomalías.
De entre todas ellas, consta en el informe de las 12 auditorías practicadas al Tren Maya –en sus diversas etapas y tramos, hasta 2022– que la electrificación del tren corrió a cuenta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero ésta “subcontrató el 82.4% de los servicios, más del 49.0% de lo establecido en las cláusulas del convenio específico” que firmó con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable de la construcción.
Además, aunque se reconocen pagos en exceso y que se elevó el monto total de la inversión, aún no se ha transparentado el monto final, y no se conocerá sino hasta dentro de tres años, en 2027.
Con el argumento de reserva de información por razones de “seguridad nacional”, Fonatur informó a la ASF el monto total de la inversión hasta 2024, pero mantuvo bajo reserva el dato y no consta en el documento entregado por la ASF a los diputados.
“Fonatur, con oficio de fecha 19 de enero de 2024, remitió con carácter de reservado una copia de la actualización del análisis costo beneficio, en el que se actualizó el monto total de la inversión hasta 2024”, reportó la ASF.
El dato ha estado bajo secrecía desde agosto de 2022 por decisión de Fonatur y así seguirá.
Sin embargo, una parte de ese incremento en el costo de la megaobra se explicaría por los pagos “en exceso” en acero, según consta en la auditoría aplicada a la construcción de plataforma y vía del Tren Maya, Tramo 1, Palenque-Escárcega, en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, según la cual hubo “pagos en exceso en el suministro de acero de 1,169,132.7 miles de pesos”.
En esa misma auditoría, de acuerdo a la ASF se detectó la deficiente planeación de los trabajos a ejecutar pues en la licitación del contrato Fonatur “no contempló la construcción de las estaciones Palenque, Boca del Cerro, El Triunfo y Escárcega, los viaductos Tenosique, Candelaria y Escárcega, la zona arqueológica y los Centros de Atención al Visitante (CATVIS)” pese a que todo eso estaba en el “Análisis del Costo Beneficio del proyecto”, base de toda la megaobra.
En tanto, en la revisión de construcción de plataforma y vía del Tren Maya, Tramo 6, Tulum-Chetumal, en el estado de Quintana Roo, la ASF revisó el cumplimiento a inversiones físicas y detectó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) estuvo prácticamente fuera de la planeación del Tramo 6 del Tren Maya.
En ese caso la ASF asentó «la ausencia de contar con un proyecto ejecutivo con los planos debidamente autorizados y firmados por las instancias competentes del Fonatur y de la SICT del Tramo 6 del Tren Maya, con todos sus componentes técnicos y planos de detalle de viaductos, pasos vehiculares, pasos de fauna, obras de drenaje, laderos, estaciones, paraderos y Centros de Atención a Visitantes, etc., toda vez que únicamente se proporcionaron los planos firmados por el Fonatur y la Sedena”.
También hubo irregularidades, pues si había planeación pero fue deficiente, en la construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 4, Izamal-Cancún, en los estados de Yucatán y Quintana Roo, caso en el que “se pagaron trabajos innecesarios (estructuras, autopista y plataforma de vía) con antelación a la modificación en el trazo de la vía hacia Cancún”.
En ese caso se determinaron pagos en exceso por 286,261,000 pesos “debido a la diferencia del costo en la integración de diversos precios unitarios” que ya habían sido recalculados en 2021 “sin embargo, durante la Cuenta Pública 2022, se continuaron pagando con los precios unitarios del contrato”.
En esa misma revisión se halló un pago indebido por 15 millones 58,400 pesos “por deficiencias de calidad en el pavimento de la autopista, ya que con las pruebas del Índice de Perfil se consideran tramos inaceptables y no se aplicaron las sanciones correspondientes”.
