Por Alemao Luna
Malas noticias para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este martes por unanimidad la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para evitar que el ministro Javier Laynez Potisek lleve el caso de las impugnaciones por la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El máximo tribunal señaló a través de un comunicado que dicho ministro no se encuentra impedido para dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 214/2023 interpuesta por el bloque opositor en el Senado de la República.
Durante la sesión, Laynez Potisek explicó que en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en la ley reglamentaria no existe disposición que permita las solicitudes de impedimento y solo de manera excepcional la SCJN las ha atendido, pero sólo cuando es alguno de sus ministros quien la plantea.
Añadió que no hay ningún argumento para considerar que su imparcialidad para participar en este asunto pueda ser objetada:
En controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad es improcedente la promoción de impedimentos de las y los ministros de #LaCorte.
Por su parte, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, apoyó esta postura y resolvió el asunto en menos de cuatro minutos.
Y es que el pasado 17 de noviembre, la titular de la CJEF manifestó su rechazo de que la SCJN haya turnado el caso de las impugnaciones por la extinción de 13 fideicomisos.
“Vengo a solicitar que el ministro Javier Laynez Potisek se excuse para conocer de la acción de inconstitucionalidad señalada al rubro”, se lee en un documento firmado por María Estela Ríos, quien recientemente fue propuesta por AMLO en la terna para ocupar el lugar que dejó hace unos días Arturo Zaldívar en la Suprema Corte.
Sin embargo, en la solicitud de la Presidencia no se especificaron los motivos que consideraron para pedir que Laynez Potisek no sea quien decida la admisión y posterior elaboración del proyecto.
Cabe recordar que a principios de 2023, Laynez fue el encargado de suspender por tiempo indefinido la aplicación de la reforma electoral que impulsó López Obrador, conocida como “Plan B”.
Su trayectoría
Nacido en Torreón, Coahuila,Javier Laynez estudió Derecho en la Universidad Regiomontana y un doctorado en Derecho Público en la Universidad de París, Francia.
Fue profesor en el Colegio de México y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Desde 2015, es ministro de la SCJN, pues fue el segundo y último postulado por el ex presidente priista Enrique Peña Nieto, para sustituir al ministro saliente Juan Silva Meza.
La 4T vs el Poder Judicial
El objetivo de desaparecer 13 fideicomisos del PJF, es que el Gobierno Federal se ahorre en conjunto 15 mil 434 millones de pesos.
Legiladores de la autollamada Cuarta Transformación (4T) argumentaron que esta medida es para recortar los “privilegios” de la Primera Sala de la SCJN, y con ello destinar los recuersos supestamente a obras públicas y programas sociales.
Enfatizaron que si otros poderes como el Ejecutivo y el Legislativo se han ajustado el cinturón, los ministros tienen que seguir el mismo ejemplo y “dejar de vivir como magnates”.
No obstante, la ministra Norma Piña advirtió que esta iniciativa afectará los derechos laborales del personal operativo y no de los ministros.
No obstante, la ministra Norma Piña advirtió que esta iniciativa afectará los derechos laborales del personal operativo y no de los ministros.
Varios legisladores como Salomón Chertorivski, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), así como algunos analistas, coinciden que esta iniciativa es una venganza de López Obrador hacia los ministros de la Suprema Corte.
Y es que en el último año, además de tirar el “Plan B” de la reforma electoral; se admitió a trámite 17 impugnaciones que se presentaron por la aprobación de 12 reformas aprobadas fast-track por parte del bloque oficialista, episodio conocido como “viernes negro” en el Senado de la República.
Esa decisión desató el enojo del presidente, que entonces acusó al Poder Judicial de estar “podrido”.
Por lo anterior ha avisado de que espera a las elecciones federales de 2024 la 4T pueda conseguir una mayoría amplia que le permita modificar la Constitución y emprender esas reformas ahora frenadas, lo que llamó su “Plan C”
