Las acciones de los principales grupos aeroportuarios en el País cerraron con caídas de hasta 26 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tras informarse ayer que el Gobierno decidió modificar las bases de regulación tarifaria.
Los títulos de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (Oma), que maneja el Aeropuerto de Monterrey, Ciudad Juárez y Acapulco, entre otros, retrocedieron 25.96 por ciento, a 148.28 pesos.
De este modo, Oma tuvo su peor jornada desde que comenzó a cotizar en la Bolsa en noviembre de 2006, incluso por encima de la caída de 14.10 por ciento que sufrió el 17 de marzo de 2020, en medio de la emergencia por el Covid-19. Con este retroceso ha perdido todo lo que llevaba ganado en el año, y pasó a una baja acumulada de 1.18 por ciento.
Las acciones de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera el Aeropuerto de Guadalajara, Tijuana y Los Cabos, entre otros, cayeron 22.28 por ciento, a 228.39 pesos.
En tanto, Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que tiene el Aeropuerto de Cancún, el de Mérida y el de Huatulco, por mencionar algunos, perdió 16.70 por ciento, a 362.25 pesos por papel, su peor declive desde septiembre de 2001.
El desplome del sector de operadores de aeropuertos arrastró consigo a la Bolsa, cuyo principal índice, el S&P/BMV IPC, concluyó con una baja de 2.52 por ciento, a 49 mil 454.59 puntos, su nivel más bajo desde principios de enero de este año.
Por la mañana, las acciones de Oma se desplomaron casi 45 por ciento poco después de la apertura, mientras que las de GAP y Asur llegaron a bajar más de 30 por ciento, por lo que la BMV incluso suspendió por un tiempo su cotización.
El miércoles, los operadores aeroportuarios advirtieron a los inversionistas que el Gobierno ha cambiado sus acuerdos de concesión y que estaban evaluando el efecto en sus operaciones.
GAP señaló que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) modificó «unilateralmente y sin comunicación previa» la estructura de tarifas relacionadas con sus aeropuertos.
OMA reportó que recibió una notificación de la AFAC sobre la modificación, con efecto inmediato, de los términos de las bases de regulación tarifaria establecidas en el Anexo 7 de los 13 títulos de concesión, emitidos por la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el 29 de junio de 1998.
Impacto en la rentabilidad
Las compañías no ofrecieron detalles sobre los ajustes. Gran parte de los ingresos de los operadores aeroportuarios en México provienen de las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA) que se cobran a los pasajeros.
Al 1 de agosto de 2023, las Tarifas de Uso Aeroportuario nacionales más costosas son las de Culiacán y Torreón, con precios de 822.15 y 616.49 pesos, respectivamente. Entre las más recurrentes también se encuentra Acapulco, con 769.85 pesos.
Cancún, Cozumel y el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, Estado de México, son las más económicas, con 260, 390, 284.55 pesos, en ese orden.
«Hay mucha especulación todavía, pero es un hecho que les va a impactar en sus ingresos», afirmó Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (Inija).
Especialistas coinciden en que una reducción en estas tarifas tendría un impacto negativo en la rentabilidad futura de los tres grupos.
«Es una noticia evidentemente negativa para el sector», afirmó Marco Antonio Montañez, director de Análisis y Estrategia de Vector Casa de Bolsa.
«La eventual reducción en las TUA, así como de los ingresos no aeronáuticos, tendrían un impacto negativo en la rentabilidad y generación de flujo libre de efectivo de los grupos aeroportuarios», agregó.
Rodolfo Ramos, estratega de Bradesco, advirtió que la medida podría generar temores de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador apunte a otras industrias reguladas y afecte al mercado de valores mexicano en general.
«Esta medida del Gobierno tiene el potencial de extenderse a otras áreas», escribió Ramos en una nota de análisis.
«Dependiendo de la magnitud de estos ajustes tarifarios, incluso podríamos ver a gobiernos de otros países involucrándose, principalmente Estados Unidos y Canadá», añadió.
Analistas de Banorte y Monex comentaron que habían puesto en revisión sus estimados y recomendaciones paras los operadores aeroportuarios, que ya venían sufriendo presiones en los últimos días debido a la incertidumbre sobre el impacto de un llamado a revisión de aeronaves para comprobar si presentan defectos de fábrica.
En agosto, López Obrador arremetió contra las elevadas ganancias de los grupos aeroportuarios, pero dijo que no tocaría las concesiones.
«¿Saben cuánto ganan en promedio cada año?», preguntó en su conferencia de prensa matutina del 10 de agosto. «¡Cincuenta por ciento por año. Somos respetuosos de los acuerdos, y por eso no estamos modificando esas concesiones, pero ya no podemos seguir con esa política», aseguró en ese entonces.
Desde el inicio de su Mandato, AMLO ha tenido una difícil relación con la industria. En 2018, su decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), argumentando que el proyecto estaba plagado de corrupción, generó importantes preocupaciones.
La inesperada medida de la Administración de López Obrador respecto a las tarifas aeroportuarias es el último de una serie de desafíos a los intereses empresariales. El Presidente también limitó la expansión de la inversión privada en energía y confiscó parte de la línea ferroviaria de Grupo México, del multimillonario Germán Larrea.
En las últimas semanas, el Gobierno anunció la reactivación de Mexicana de Aviación, ahora como aerolínea del Estado, y transfirió la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la Marina (Semar) luego de un anuncio en junio.
