El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU advirtió que el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que realiza el Gobierno no cumple con el Protocolo Homologado de Búsqueda ni con estándares internacionales en la materia.
En sus observaciones finales sobre la información complementaria presentada por el Gobierno de México, difundidas este martes, llama a que la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) sea coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda, con independencia e imparcialidad.
El actual proceso de actualización, advierte, no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda sino por otras instancias y no cuenta con una metodología clara y transparente, ni mecanismos que permitan la participación de los familiares de las personas desaparecidas.
«En (su) implementación se han denunciado actos de revictimización, incluyendo señalamientos contra los familiares de ocultar el paradero de sus seres queridos», expone el organismo.
«Además, preocupa la seguridad de la información contenida en el RNPDNO y el acceso al código fuente».
El CED recomienda al Estado mexicano establecer mecanismos ágiles, interoperables, eficaces y transparentes para ingresar en el registro nacional y los registros estatales información detallada y actualizada por todas las instituciones competentes.
Plantea además garantizar que la información contenida en el RNPDNO incluya los casos en los cuales haya indicios del involucramiento de servidores públicos o de personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de tal modo que se identifiquen los casos de desaparición forzada.
Llama, por otra parte, a fortalecer la Comisión para el Acceso a la Verdad, garantizando su independencia y que cuente con los recursos humanos, financieros, y técnicos necesarios para cumplir con su mandato.
Recomienda asegurar que tenga acceso a los archivos estatales relevantes, incluidos los de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, el Estado Mayor Presidencial y los servicios de inteligencia, incluidos aquellos que se encuentran en los campos y bases militares que operaron como lugares de privación de libertad.
