Habitantes bloquearon la entrada principal a Altamirano, Chiapas, para exigir la destitución del Concejo Municipal, en medio del conflicto interno que derivó en la quema de al menos 30 casas de los miembros de la asamblea.
«Se solicita la destitución del Concejo Municipal y hacemos un llamado al Gobierno del Estado, a Secretaría de Gobierno, al Congreso, que permitan la mesa de negociación para que esto se resuelva, de lo contrario seguiremos aquí en pie de lucha», aseveró Eduardo Rodríguez, uno de los representas de los pobladores que encabezó el bloqueo.
Las protestas comenzaron desde el pasado 22 de agosto con bloqueos a las tres salidas principales de Altamirano, pero ayer, 30 de septiembre, escaló con la quema de los domicilios de María García López, presidenta concejal, y Fernando Gabriel Montoya Oseguera, concejal síndico, entre las casas de otros de los concejales regidores.
Sin embargo, Rodríguez negó que los pobladores haya tenido qué ver con los incendios y señaló como presuntos responsables a miembros del grupo de autodefensa «14 de agosto».
«Las viviendas que se quemaron no lo hizo el pueblo, lo hicieron ellos como acto de provocación, para que el pueblo siga con miedo, como lo han hecho desde antes», aseguró.
Otras versiones de pobladores señalan que los hechos de violencia fueron desatados por presuntos seguidores del ex alcalde pevemista Roberto Pinto Kánter, encabezados por el presidente del comisariado ejidal, Rogelio Hernández Gómez.
«Lo que se sabe es que el grupo encabezado por Hernández Gómez acordó realizar esos actos para presionar al gobierno con el fin de que sea destituido el concejo municipal», indicaron, de acuerdo con reportes locales.
Desde hace dos años, cuando se le impidió a la Alcaldesa electa, Gabriela Roque Tipacamú, esposa de Pinto Kánter, que tomara posesión, el Concejo Municipal gobierna Altamirano entre inconformidades de los habitantes.
«Queremos autoridad que nos respete, que respete el pueblo, que haya diálogo», expresó otro poblador durante el bloqueo.
El pasado 19 de agosto, decenas de indígenas tzeltales y tojolabales del municipio marcharon también para exigir la desarticulación y el desarme de autodefensas, tras el asesinato de Óscar Hernández Sánchez, el 8 de agosto, al interior de su domicilio.
