Por Miguel Ángel León Carmona
Veracruz.-El 15 de septiembre de 2011, para celebrar el aniversario de la Independencia mexicana, se organizó una fiesta en el barrio popular de Icazo, en la ciudad de Veracruz. El anfitrión fue Ismael de Jesús Pastor Méndez, conocido como El Pelón, presunto jefe del cártel de Los Zetas en la región y encargado de la venta de droga en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, la plaza criminal más codiciada en el estado por su actividad portuaria y económica.
“Era una noche mexicana –recuerda Manuel, un joven que se crió en el barrio Icazo, ubicado dentro de la colonia Formando Hogar–. El Pelón era de organizar cotorreos en el barrio y se discutía con la cena y el chupe. Esa vez sí fueron malandros, pero también gente de la colonia y otros invitados de la zona norte (del puerto) que llevaron a sus familias”.
Era un convivio barrial en medio de la calle, como muchos otros que se realizaban esa noche de celebraciones patrias. De ahí la sorpresa de los asistentes al ver llegar un convoy de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) con un contingente de policías que, sin dar razón alguna, sometieron por la fuerza a todas las personas que tuvieron a su paso y se las llevaron privadas de la libertad, tal como denunciaron los sobrevivientes.
“Llegaron las patrullas de los estatales y, por sus huevos, empezaron a subir gente. Incluso a los que pasaban por ahí y se quedaban viendo. A los que tenían la puerta abierta de su casa se los llevaron también. A una vecina muy a todo dar (Felisa Concepción Ortiz, de 53 años) y a su esposo (Miguel García Lozano, de 50), que trabajaba en los puestos de verdura del mercado Malibrán, se los llevaron. Hubo mucha gente inocente ahí”, recuerda Manuel.
En total, 27 personas fueron raptadas de la fiesta.
Los perpetradores sólo respetaron las vidas de dos menores secuestrados, uno de ellos de año y medio de edad y el otro de cuatro. Ambos fueron abandonados esa misma noche en la unidad deportiva Salvador Campa, a cinco minutos en auto del barrio Icazo.
Desde diciembre de 2006, México era ya el escenario de un sangriento conflicto entre fuerzas gubernamentales y grupos delictivos, denominado “guerra contra el crimen organizado”, que declaró el entonces presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa y que, en el discurso, se presentaba como una estrategia para restituir la paz pública alterada por la violencia delictiva.
Pero ese 15 de septiembre de 2011, en Veracruz cristalizó una nueva fase de la guerra, una en la que dejó de ser claro si el papel de la autoridad era erradicar a todas las organizaciones criminales o sólo combatir a algunas, en respaldo de otras.
Una fase de la guerra marcada por la abierta complicidad entre el poder público y el poder criminal.
Sobre las víctimas raptadas por la policía estatal de Veracruz en el barrio de Icazo no hubo noticias sino hasta cinco días después, el 20 de septiembre de 2011, cuando un grupo de cadáveres fue arrojado, a plena luz del día y sin que ninguna autoridad se percatara, bajo el puente de los Voladores de Papantla, en el municipio de Boca del Río. Se trataba de las 25 personas de Icazo, más otras diez secuestradas en el mismo periodo en otros puntos de ese pedazo de costa, frente al Golfo de México.
En total, 35 víctimas: 12 mujeres y 23 mujeres; cinco de ellos menores de edad. Todas con una letra “Z” marcada a cuchillo en sus cuerpos.
Secretaría de Marina y Policía Estatal también están involucradas en desapariciones y asesinatos en Veracruz | Foto: Cuartoscuro
La guerra dentro de la guerra en Veracruz
Al menos desde la década de los 90, el territorio veracruzano fue el teatro de operaciones de la organización delictiva conocida como Cártel del Golfo, de la que a principios del siglo XXI se desprendió una de sus ramificaciones más violentas, el cártel de Los Zetas, para tomar el control del tráfico de drogas y otras actividades criminales en las regiones noreste y oriente de México, incluido Veracruz.
En dicha entidad, Los Zetas crecieron durante la gestión del exgobernador Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), a quien narcotraficantes juzgados en Estados Unidos afirmaron haber entregado 12 millones de dólares para costear su campaña electoral a cambio de permitir que ese grupo se estableciera en la región.
En el año 2010, sin embargo, llegó a la gubernatura del estado el político Javier Duarte (actualmente preso y sentenciado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero) quien rompió la alianza establecida por su antecesor con Los Zetas y dio por terminada la hegemonía de ese cártel en Veracruz mediante un despliegue de fuerzas policiacas estatales y de la Marina Armada de México.
Esta estrategia obtuvo el reconocimiento y apoyo no sólo del gobierno federal sino, también, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que a través de un video en redes sociales, difundido en junio de 2011, anunció el ingreso a la entidad de su grupo “Matazetas”, para apoderarse de la plaza mediante la aniquilación de sus rivales o de quienes sospecharan que lo eran.
El CJNG, además, aprovechó el video para manifestar “al señor gobernador, Javier Duarte, respeto y admiración por darle lucha a estos mugrosos zetas”, y remató su mensaje pidiendo a la ciudadanía respaldar al Ejército y a la Marina en sus operaciones.
Desde ese momento, numerosos asesinatos y desapariciones enmarcados en esta lucha entre cárteles –con la ciudadanía en medio del fuego cruzado–, fueron cometidos por miembros del Cártel Jalisco con la “ autorización, apoyo y aquiescencia” de autoridades pertenecientes al gobierno de Duarte, como concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017. Y otros tantos de esos crímenes fueron perpetrados directamente por cuerpos oficiales, como pasó en Icazo.
Tras el inicio de la guerra contra el crimen organizado, para el caso de Veracruz en esta investigación se documentó una muestra de 300 casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada atribuidos a fuerzas estatales y federales, el 82% de los cuales ocurrió durante la gestión duartista, del año 2010 al 2016.
De esos 300 crímenes, sólo en nueve se emitió una sentencia condenatoria contra los funcionarios responsables. El resto sigue impune y, de hecho, este despliegue contra Los Zetas, para beneficiar al Cártel Jalisco Nueva Generación convirtió a Veracruz en la entidad mexicana con más ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por cuerpos gubernamentales, desde que inició la guerra.
